La combinación de la crisis económica, con la mejora de la eficacia policial y el buen resultado de la cooperación con los países emisores, ha dado como resultado que la cifra de llegadas de pateras y cayucos caiga al nivel más bajo en la última década. En el 2010 llegaron a las costas españolas 3.632 inmigrantes ilegales, un 50,1% menos que el año anterior (con 7.285 llegadas) y un 80,4% menos que en el 2001 (cuando desembarcaron 18.517 personas).
El descenso ha provocado que España haya pasado de ser la puerta de entrada para el 13% de los extranjeros ilegales que acceden a la UE a suponer solo el 5%. Llama la atención especialmente el balance en Canarias, donde el año pasado no llegaron ni 200 pateras (en concreto 196), frente a las 2.246 del 2009 o las 31.678 que desbordaron a las fuerzas de seguridad en el 2006, el ejercicio con mayor presión en las costas españolas de los últimos diez años.
El verano del 2006, en el que los telediarios reflejaban día sí, día también el aluvión de inmigrantes que se jugaban la vida para lograr el sueño de encontrar un trabajo en Europa, desencadenó la política de colaboración con ciertos países del norte de Africa, que desde entonces se han implicado más en controlar sus playas. Esta connivencia ha llegado hasta tal punto que el año pasado no salió ninguna embarcación de Senegal y solo una de Mauritania.
UN MODELO QUE FUNCIONA El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sacó ayer pecho de este balance al asegurar que "el modelo de colaboración con el norte de Africa funciona".
El ministro reconoció, no obstante, que "la vía más frecuente de ilegalidad" tiene que ver con aquellas personas que entran en España por las fronteras o los aeropuertos con permiso temporal y después se quedan indefinidamente. Como su llegada es legal, el Gobierno no puede saber cuánta gente "se cuela", según reconoció Rubalcaba. Por eso la cifra no aparece en el balance.
