Casi 4.500 personas han denunciado abusos sexuales a menores perpetrados por miembros de la Iglesia católica en Australia entre 1980 y el 2015, según un informe presentado ayer en el inicio de una tanda de audiencias de la comisión que investiga la respuesta oficial a estos delitos desde 1950. Este organismo tomará declaración a la práctica totalidad de los obispos del país en una serie de vistas públicas que durarán hasta el 27 de febrero.
La abogada consejera de la comisión, Gail Furness, explicó que se han recabado 4.444 denuncias, y que estas apuntan a centenares de religiosos, 93 de ellos altos cargos de la Iglesia, y afectan a más de un millar de instituciones.
AÑOS SIN DENUNCIAR / Los datos recopilados indican que el 78% de los denunciantes fueron varones y el 22% mujeres. También revelaron que la edad media de las víctimas fue de 11,6 años en el caso de los niños y de 10,5 en el caso de las niñas, y que tardaron una media de 33 años en presentar las denuncias después de que se cometieran los supuestos abusos.
Unas 1.880 personas fueron identificadas como presuntos abusadores. De estos, 597 eran hermanos religiosos; 572 sacerdotes, lo que supone el 7% del total del colectivo; 543 laicos, y 96 eran hermanas religiosas, ha precisado Furness. La abogada ha criticado la gestión de estos casos por parte de la iglesia y ha denunciado que los relatos de las víctimas son «deprimentemente similares».
Los niños fueron ignorados o, peor aún, castigados. Las denuncias no fueron investigadas. Curas y religiosos fueron reubicados. Las comunidades donde fueron trasladados desconocían su pasado», aseguró Furness. «Los documentos no fueron guardados o fueron destruidos. El secretismo prevaleció, al igual que los encubrimientos», ha denunciado.
La abogada lamentó las dificultades impuestas por el Vaticano para obtener información sobre los abusos sexuales y, en particular, respecto al caso de un sacerdote acusado de pederastia.
«La comisión esperaba un mejor entendimiento sobre la acción que debería tomar en cada caso. La Santa Sede respondió el 1 de julio del 2014 que «no era posible ni apropiado proveer la información requerida», precisó Furness.
Francis Sullivan, director ejecutivo del Consejo de la Verdad, Justicia y Reconciliación, el organismo dedicado a coordinar la respuesta de la Iglesia católica hacia las víctimas, calificó las cifras como «trágicas e indefendibles». «En cada entrada en este banco de datos, la mayor parte representa a un niño que sufrió a manos de alguien que debió cuidarlo y protegerlo», reconoció Sullivan.
Los datos han salido a la luz durante el primer día de una serie de audiencias en las que se abordarán las denuncias de abusos sexuales, cómo afrontó estos casos la Iglesia católica en el pasado y cómo lo hace en el presente, entre otros asuntos. Durante estas vistas declararán seis de los siete arzobispos de Australia y líderes de las órdenes religiosas, entre ellos el arzobispo de Adelaida, Philip Wilson, considerado el más alto cargo de la jerarquía católica acusado de encubrir abusos a menores. Otro de los supuestos responsables de la situación sería el cardenal George Pell, actual ministro de Economía del Vaticano, acusado por algunas víctimas de haber encubierto a los autores de abusos sexuales en los años 70 en el estado de Victoria.
FISHER PIDE PERDÓN / El arzobispo de Sídney, Anthony Fisher, uno de los llamados a declarar, pidió perdón en una pastoral por el daño causado en el pasado y confió en que la Iglesia católica saldrá reforzada de este «camino de humillación». «La Iglesia lo lamenta y yo lamento los errores del pasado que dañaron a tantas personas (...). Estoy convencido de que al final de la humillación y la purgación por la que estamos pasando seremos una Iglesia más humilde», dijo.
La comisión se estableció en el 2012 para investigar la respuesta de las autoridades a los casos de abusos sexuales a menores cometidos en instituciones públicas, sociales, deportivas y religiosas. El año pasado, el comité presentó 99 recomendaciones sobre cómo atender a las víctimas, además de un plan de compensaciones de 2.845 millones de euros) financiado por los centros donde se cometieron los abusos.
El 4 de noviembre pasado, el Gobierno de Australia anunció que indemnizará a las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de instituciones públicas y religiosas del país con hasta 107.000 euros).
