El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, reclamó ayer, en el solemne acto de apertura del año judicial que presidió el Rey, que la violencia doméstica se equipare penalmente a los delitos de tortura e integridad moral. La fiscalía avala esa reforma tras constatar que los casos de maltrato familiar se han incrementado un 29% en el 2002.
El cambio legislativo supondría un notable endurecimiento de la respuesta penal y punitiva, ya que permitiría que toda agresión, cause o no lesión, pase a ser considerada como un delito. Con esa propuesta se intenta responder al incremento de la violencia doméstica, que ha pasado de las 8.573 causas incoadas en 2001 a las 11.117 en el 2002. Esas cifras incluyen la figura del maltrato habitual, que también ha aumentado considerablemente, ya que el pasado año se instruyeron 4.397 procesos frente a los 2.784 del 2001.
Un 88% de las víctimas son mujeres y un 12% son hombres.
