El Gobierno británico quiere penalizar a los clientes de las prostitutas que trabajen bajo el control de un proxeneta. El proyecto, anunciado ayer por la ministra del Interior, Jacqui Smith, pretende convertir en delito el pago por servicios sexuales cuando la mujer que ejerza esa actividad "esté controlada por otra persona, para su beneficio". El desconocimiento de esa circunstancia no eximirá de culpa. Además, cualquiera que sepa que está pagando a una mujer forzada a prostituirse podrá ser acusado de violación. "Lo que propongo es que los hombres se lo piensen dos veces antes de pagar por sexo", declaró Smith.
