El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tomó ayer una decisión que ayudará a calmar los soliviantados ánimos de los jueces, al confirmar la multa de 1.500 euros que se le impuso al magistrado Rafael Tirado por el caso Mari Luz y rechazar la pretensión del fiscal de suspender al polémico juez de Sevilla. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, mostró su desacuerdo y anunció que el Gobierno endurecerá el régimen disciplinario de los jueces.

La decisión fue tomada por una amplia mayoría al unirse los vocales que proceden de la judicatura. Como resultado de esta especie de alianza, el escrutinio dejó una imagen de cierta fractura profesional dentro del consejo: los vocales que apoyaron el castigo más liviano son casi todos jueces, mientras que los que plantearon una sanción más dura (la suspensión) no lo son.

Las supuestas presiones del Gobierno para que el CGPJ endureciera el correctivo a Tirado --que dejó sin ejecutar una sentencia que debería haber mandado a la cárcel al presunto asesino de la niña Mari Luz-- estaban en el epicentro de las movilizaciones protagonizadas por los jueces en los últimos meses, que han desembocado en la convocatoria de huelga en Murcia y Extremadura para el 18 de febrero.

Los 21 vocales del consejo se sentaron ayer en el pleno con esta espada de Damocles encima. El fiscal había pedido en su recurso contra la decisión del anterior CGPJ que se suspendiera por tres años a Tirado por una falta muy grave, mientras que el vocal ponente, Félix Azón, proponía que se le suspendiera solo dos meses. Votaron a favor de mantener la multa 14 vocales, que se impusieron a los seis que planteaban el endurecimiento (todos, excepto Azón, ajenos a la carrera judicial) y a la única vocal (PP) que quería absolver a Tirado.

El escrutinio también dejó en evidencia la ruptura del bloque progresista, ya que cinco de los nueve vocales propuestos por el PSOE (entre ellos, Margarita Robles) se pasaron al bando de los ganadores. Esta fuga de votos de jueces de carrera dejó solos a los otros cuatro que solo recibieron el apoyo de los vocales de CiU y PNV. El grupo disidente planteó que se suspendiera a Tirado por seis meses, lo que llevaría aparejado el traslado forzoso. Pero lo que se impuso fue considerar que la infracción cometida por Tirado fue un retraso injustificado puntual y concreto (falta grave), y no un retardo generalizado en los asuntos del juzgado (falta muy grave de desatención).

El ministro de Justicia calificó la sanción de "enormemente escasa" y anunció que el Ejecutivo reformará por ley el régimen disciplinario de los jueces para "evitar que hechos así vuelvan a repetirse". La Fiscalía adelantó que recurrirá la decisión, por lo que el caso acabará en el Supremo. Los tres colectivos judiciales apoyaron la medida del consejo, mientras que el padre de Mari Luz, Juan José Cortés, la tachó de "grave error judicial" y de "vergüenza nacional".