El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aseguró ayer que el incremento de las denuncias por malos tratos no tienen nada que ver con el fraude sino con el hecho de que ahora las mujeres acuden con más frecuencia a los tribunales. La declaración del CGPJ se produjo un día después de que la juez decana de Barcelona, Maria Sanahuja, criticara "el uso abusivo" de las denuncias por violencia doméstica que hacen algunas mujeres para obtener beneficios de cara a una futura separación.
El portavoz del CGPJ, Enrique López, dijo que no compartía las declaraciones de la decana de Barcelona, aunque añadió que sus afirmaciones no son susceptibles de reproche administrativo ya que fueron realizadas dentro del ámbito gubernativo y no jurisdiccional. Previamente, la Red de Organizaciones Feministas contra la Violencia Doméstica había solicitado al Consejo que expedientara a la decana de los jueces de Barcelona.
Mientras, la vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica, Montserrat Comas, aseguró que "no existen datos ni estudios de los que se puedan deducir que se están interponiendo denuncias falsas". Respecto al aumento de las diligencias en los juzgados de Barcelona --de 609 en el 2202 a 2.016 en el 2003--, Comas también corrigió a Sanahuja y descartó cualquier posibilidad de fraude. "Las mujeres maltratadas --destacó-- están saliendo del anonimato de su invisibilidad". Por eso, a su juicio, se tramitan más denuncias.
APOYO DEL DECANATO La presidenta del Observatorio recalcó que, desde agosto, los jueces han recibido 10.000 peticiones de protección por parte de mujeres maltratadas. Los magistrados han admitido un 76% y han denegado un 24%. Otra muestra más, según Comas, de que los jueces actuan "con independencia y sin presiones". El jueves, la decana de Barcelona explicó que los jueces de instrucción trabajan con "presión" ya que, en su opinión, cuando se produce un caso grave de malos tratos muchos achacan la culpa al juez.
La secretaria de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo, también se mostró contraria a las afirmaciones de Sanahuja y dijo que existen mecanismos judiciales para filtrar las denuncias.
La decana de Barcelona sólo encontró apoyo en el decanato de los juzgados de Madrid. Este organismo publicó un comunicado en el que aseguró que la experiencia de los juzgados de instrucción de la capital ha permitido "detectar" casos de "utilización indebida" de la orden de protección. Este tipo de prácticas, según el decanato, "desnaturaliza" la finalidad de esta medida "en perjuicio de las verdaderas víctimas".
Es decir, según el decanato de Madrid, muchas mujeres que en realidad no sufren malos tratos intentan engañar a los jueces y piden de forma fraudulenta una orden de protección. Esta funciona desde el pasado mes de agosto y es una herramienta que permite a los magistrados dictar en menos de 72 horas medidas como el alejamiento del agresor o la atribución a la mujer del domicilio conyugal.
