Por primera vez en la historia, los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no han sido capaces de ponerse de acuerdo para apoyar o rechazar una ley del Gobierno. Las convicciones de cada uno sobre la polémica reforma de la ley del aborto hicieron que ninguno de los informes a debate --uno favorable a la interrupción libre del embarazo en las 14 primeras semanas y otro en contra-- contase con el apoyo suficiente. La abstención del vocal nombrado por CiU y el voto en contra del presidente del órgano, Carlos Dívar, elegido por José Luis Rodríguez Zapatero pese a su carácter conservador, impidió que prosperase el primer dictamen, aprobado en comisión.

"Siento una pequeña decepción", aseguró la redactora del informe, la vocal peneuvista Margarita Uría. La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, no llegó tan lejos y tan solo justificó la ausencia de acuerdo con el argumento de que es un tema que "genera polémica, discusión doctrinal y posiciones encontradas en la sociedad y también en el consejo".

TERCER INFORME Bravo explicó que los vocales debatieron la posibilidad de redactar un tercer informe pero, teniendo en cuenta que la discusión se ha dilatado demasiado --han pedido dos prórrogas al Gobierno-- y no han logrado acercar posiciones, desistieron del intento. Por tanto, el CGPJ no emitirá el habitual informe preceptivo pero no vinculante para el Ejecutivo, que seguirá adelante con la tramitación de la ley.

La principal discrepancia radica en el valor que unos y otros vocales otorgan al feto. Mientras para los conservadores el Tribunal Constitucional establece que la vida humana del no nacido "merece protección constitucional", el informe avalado por los vocales propuestos por el PSOE y la jurista del PNV considera que deben prevalecer "los derechos de la mujer" frente a los del feto en las primeras semanas de gestación. Eso sí, aunque respalda que incluso las menores de 16 años puedan abortar sin consentimiento paterno, si demuestran madurez, el texto recomienda que los progenitores sean informados de la intervención, para compatibilizar el derecho de la mujer con la patria potestad.

EL VOCAL DE CIU El vocal propuesto por CiU, Ramón Camp, votó en contra del análisis conservador, lo que provocó que no prosperara, mientras que se abstuvo ante el otro dictamen. Convergència había dado libertad de voto en este tema.

Dívar, por su parte, votó en todo momento con los conservadores, es decir, a favor del texto que declara inconstitucional el aborto. El magistrado, de ideología conservadora y católica, fue aupado a la presidencia del CGPJ y el Supremo el pasado septiembre en una decisión de Zapatero que sorprendió a propios y ajenos.

Pese al desacuerdo, Uría se mostró convencida de que el trabajo de confección de los informes no ha sido en balde, ya que los grupos parlamentarios usarán ambos textos en la tramitación parlamentaria. Esta no es la primera vez que un órgano jurídico no se pone de acuerdo sobre la reforma del aborto. Así, el Consejo Fiscal remitió al Ejecutivo dos informes contrarios, ya que la legislación no se lo impide como al CGPJ.