Los Gobiernos de Aragón, Valencia y Murcia anunciaron ayer respuestas jurídicas a la solución acordada por el Gobierno y la Generalitat de Cataluña para abastecer de agua al área metropolitana de Barcelona. El Ejecutivo insistió en que no ha autorizado ningún trasvase del Ebro a Barcelona, pero la propuesta ha suscitado la polémica entre los partidos políticos, UGT y organizaciones ecologistas.
En una reunión extraordinaria celebrada ayer, el Gobierno de Aragón reiteró su oposición al trasvase y ha aprobado encargar a sus servicios jurídicos y a la Comisión Jurídica Asesora un informe para determinar si el proyecto de transferencia de agua a Barcelona es jurídicamente un trasvase.
Por su parte, el Ejecutivo valenciano estudia medidas legales para "hacer extensible" a la Comunitat Valenciana, Murcia y Almería "decisiones" como prolongar el llamado "minitrasvase" del Ebro a Tarragona.
El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, dijo que "no sería ni mucho menos improbable" que decida, junto al presidente valenciano "movilizar a la sociedad" de estas dos comunidades y a la de Almería para reclamar un agua que "es de España" y "nadie necesita".
La ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, insistió en que el Ejecutivo no ha autorizado ningún trasvase. El jefe del Gobierno, Rodríguez Zapatero, se reunió con el presidente de la Generalitat de Cataluña y le trasladó su respaldo al acuerdo logrado para hacer frente a la falta de agua en Barcelona, una situación que recalcó es excepcional. El PP exige que Zapatero comparezca y aclare los detalles del envío de recursos.
