La Fiscalía de Madrid dio ayer por concluida su investigación después de que la policía y la Guardia Civil no hayan podido identificar a los organizadores del caos aéreo del pasado 3 de diciembre. Las grabaciones proporcionadas por AENA con imágenes de las torres de control de Barajas y Torrejón de Ardoz (Madrid) no recogen las conversaciones que mantuvieron los técnicos aéreos antes de abandonar sus puestos de trabajo y solo muestran la entrada y la salida de los huelguistas, según declaró a este diario el fiscal jefe, Manuel Moix.
Manuel Moix explicó además que ayer remitió un oficio al decanato de los juzgados de Madrid ante la imposibilidad de continuar con las diligencias abiertas el día del plante y después de constatar que varios juzgados ordinarios madrileños han admitido denuncias presentadas por particulares. Por ello, para poner orden en este caos judicial, la fiscalía ha decidido judicializar su investigación y centralizar todas las denuncias ante un único magistrado.
LOS DOCUMENTOS La fiscalía incluye en su oficio las pruebas que ha recabado hasta el momento. La policía y la Guardia Civil han explicado que no han podido identificar a los instigadores de la huelga salvaje, a pesar de contar con las grabaciones de las torres de control. En esas cintas no se recoge sonido salvo las comunicaciones que los controladores mantuvieron con los aviones que sobrevolaban Barajas, de modo que no contienen las conversaciones privadas de los técnicos aéreos. Y las imágenes solo reproducen las entradas y salidas de los huelguistas de su centro de trabajo gracias a una cámara que está colocada en la puerta de acceso. Por ello, esta prueba no ha aportado ningún dato revelador, según manifestó el fiscal jefe
Moix también explicó que AENA le ha facilitado un informe detallado sobre el abandono de sus puestos de trabajo de los controladores y los motivos por los que hubo que cerrar el espacio aéreo ante la ausencia de técnicos para dirigir el tráfico.
El oficio del fiscal mantiene que se cometió un delito de sedición, pero opta por no imputárselo a los 174 técnicos aéreos que participaron en el motín, según explicó el fiscal jefe. Este delito está castigado con penas de hasta ocho años de prisión y está recogido en el código penal y procesal de navegación aérea.
La fiscalía, en cuanto el juez asuma el caso a mediados de enero, pedirá al magistrado que cite a los controladores. Hasta el momento, 24 técnicos aéreos se han negado a declarar ante la Fiscalía de Madrid al acogerse a su derecho constitucional a no declarar y afirmando que el juez competente es el militar por su condición de movilizados.
OTRAS PRUEBAS La fiscalía quiere saber si los controladores van a mantener la misma actitud ante el juez ordinario cuando les convoque. Además, el fiscal necesita que el juez autorice otras medidas para establecer el grado de responsabilidad de los huelguistas. Fuentes jurídicas han explicado que una de las pruebas que el magistrado tendrá que autorizar es la intervención de las comunicaciones de los técnicos aéreos, como sus teléfonos, correos electrónicos y su participación en redes sociales, para intentar averiguar cómo se organizó el motín.
Por su parte, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno se ha declarado incompetente para investigar las denuncias presentadas por las organizaciones OCU y FACUA contra los controladore. Argumenta que este tribunal no puede perseguir el delito de sedición. Por ello, acuerda remitir estas demandas a la Fiscalía de Madrid y archivar el caso en su juzgado.
