Las medidas diseñadas por el Ayuntamiento de Vic para no empadronar a inmigrantes sin papeles tienen muchos visos de no llegar a aplicarse porque el consistorio --que hoy prevé recibir un dictamen jurídico externo-- dice que acatará lo que diga el Gobierno, y el Ejecutivo ya le ha dejado claro que dicho plan "no se ajusta a la ley". Sin embargo, la polémica en torno a este asunto amenaza con seguir coleando durante las próximos días, puesto que el grupo parlamentario del PP pretende que el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, comparezca en el Congreso para informar sobre la decisión del gobierno municipal de la capital de Osona.
Los populares, que quieren que se aborde la problemática de Vic en la reunión de la diputación permanente del próximo jueves, han encontrado en este asunto un fuelle perfecto para avivar el debate en torno a la inmigración irregular. Incluso el líder conservador Mariano Rajoy arremetió el sábado contra la ley de extranjería y pidió endurecerla. Sin reparar en que fue su partido quien aprobó el aspecto de la norma que obliga a empadronar "a todas las personas que habitan en el municipio, sean nacionales o extranjeras y, en este último caso, tengan o no regularizada su situación en el registro del Ministerio del Interior".
Por otra parte, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) estudiará en su próxima reunión del día 26, un informe de sus servicios jurídicos sobre la legislación del empadronamiento. El presidente de la FEMP, Pedro Castro, lo ha encargado al considerar que los ayuntamientos tienen "legalmente y moralmente" la obligación de empadronar y que no se trata de un problema de interpretaciones de la ley. Según informó a Europa Press un portavoz de la FEMP, existe una "base legal bastante clara" con respecto al empadronamiento, ya que figura tanto en la ley de bases de régimen local como en la ley de extranjería.
