El Partido Popular (PP), con su presidente, Mariano Rajoy, a la cabeza, dio ayer a conocer sus exigencias para suscribir el pacto político y social por la educación que persigue el Gobierno socialista y que negocia el titular de la cartera educativa, Angel Gabilondo. La propuesta del primer partido de la oposición incluye medidas como la desaparición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en primaria (se imparte en uno de los dos últimos cursos de la etapa) y que en las comunidades bilingües "se respete el derecho de los alumnos a ser escolarizados en la lengua oficial que empleen de forma habitual". El PP propone, asimismo, que el bachillerato tenga tres años de duración (uno más que ahora) y que no se pueda promocionar de curso con más de dos suspensos (en algunas comunidades ahora es posible incluso con cuatro).

PRESENTACION EN TOLEDO Las condiciones que impone el PP para acceder a la firma del pacto se presentaron en un acto celebrado en Toledo que contó con la presencia de Esperanza Aguirre y Pilar del Castillo, las dos ministras de José María Aznar que, junto al propio Rajoy, se ocuparon de la cartera educativa durante los años de gobierno de los populares. La naturaleza de las exigencias, contenidas en un documento de una veintena de páginas, y su presentación en un acto público, constituyen una dificultad añadida para su aceptación por parte de los socialistas, como puso de manifiesto la secretaria de Educación del PSOE, Cándida Martínez.

El PP pretende, además, "asegurar una formación común a los escolares en la enseñanza básica". Esa voluntad uniformizadora se aseguraría a través de un currículo básico idéntico, que se vería reflejado en los libros de texto de las diferentes materias en todas las comunidades autónomas.

El trato uniforme, que ignora las competencias que posee cada comunidad en materia educativa, se traslada a la realización de las pruebas de evaluación externa al final de la primaria y la secundaria. El PP propone que sea el Estado quien las llevé a cabo, "en colaboración con las administraciones educativas", y las armonice "a escala nacional", para evitar "duplicación, solapamientos y equivocidades".

Tras referirse a las evaluaciones de resultados, las propuestas populares para "un pacto por la reforma y la mejora de la educación en España" prevén que "los centros educativos sostenidos con fondos públicos expresión que incluye a los concertados que obtengan reiteradamente resultados medios no satisfactorios, en términos de valor añadido, sean objeto de una intervención especial por parte de su administración educativa", sin detallar en qué consistirá.

Entre las reformas figura la de modificar la estructura de la educación secundaria obligatoria (ESO), acortándola en un año, que pasa a denominarse educación secundaria general, de tres años de duración, y que se cursaría entre los 12 y los 15 años. Aun así, se mantiene "el carácter obligatorio y gratuito de las enseñanzas hasta los 16 años".

FORMACION PRACTICA A los 15 años, según la hipótesis formulada, los alumnos darían el salto a la educación secundaria superior, que se prolongaría durante tres años (hasta los 18) y en la que podrían decantarse por el bachillerato o la formación profesional. Concluida la enseñanza secundaria general, quienes no quisieran seguir estudiando accederían a los 15 años a los programas de cualificación profesional, que conducirían al título de graduado en educación secundaria que ahora se alcanza al concluir al ESO. Las autonomías gobernadas por el PP han hecho suyo el documento.