La facilidad y seguridad de aplicación que pretende imprimir la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo brilla por su ausencia, de momento, en la mayoría de comunidades autónomas españolas. Excepto Cataluña (PSC-ERC-ICV), Asturias (PSOE-IU) y Andalucía (PSOE, donde ya se financiaban públicamente las intervenciones), el resto de gobiernos autónomos guardan silencio sobre cómo aplicarán la ley, si bien, a diferencia de lo ocurrido el lunes, la mayoría de comunidades gobernadas por el PP dejaron ayer de proclamar que no acatarán la ley. La dirección del partido conservador dio órdenes ayer de que dieran un paso atrás en el desafío a la legalidad.

No harán caso de esta directriz, sin embargo, los ejecutivos de Navarra (en manos de la también conservadora UPN) y Murcia (PP). En Navarra nunca se han practicado abortos y ni siquiera hay clínicas privadas que lo hagan. Y Murcia, pese a que hace 20 años que paga el 70% de los abortos de sus ciudadanas, tampoco está dispuesta a dar marcha atrás.

En el resto de las autonomías, salvo las excepciones citadas, prevalece el silencio y la ausencia de criterios oficiales explícitos. En paralelo, las clínicas privadas que desde hace 25 años vienen cubriendo la demanda de abortos, mantienen su actividad rutinaria. Algunas han recibido el compromiso verbal de que les será financiada esa asistencia por parte de sus gobiernos autónomos.

En Cataluña, las mujeres que pretenden abortar acuden a dichas clínicas y reciben los sobres con la información que deben meditar durante tres días antes de solicitar la interrupción de su embarazo. Si deciden hacerlo, deberán pagarlo y posteriormente se les reembolsará. Asturias ha imitado a Andalucía y ha concertado la práctica del aborto con su red de centros privados, de forma que las mujeres pueden acudir a ellos con su tarjeta sanitaria personal, y son atendidas.

En Valencia, cuyo Gobierno autónomo (PP) financiaba desde hace un decenio el 70% de los abortos solicitados, las clínicas que los hacían mantienen su actividad, y haciéndola extensiva ahora al 100% de sus solicitantes. La Generalitat valenciana no se ha pronunciado en ningún sentido y las clínicas suponen que cobrarán la asistencia que ofrezcan. Idéntica situación se produce en Madrid (PP), cuyo servicio público de salud autorizaba los abortos que ejecutan las clínicas privadas. La Comunidad de Madrid pagaba hasta ahora con casi seis meses de retraso esa asistencia, un plazo que los centros privados temen que ahora se dilate. Con ligeras variaciones --la Xunta de Galicia (PP) también opone resistencia--, esta situación se repite en el resto de comunidades.

OBSTRUCCION El sobre informativo que deben recibir obligatoriamente las mujeres solicitantes antes de proceder a un aborto se está convirtiendo en un "objeto obstruccionista", o en una excusa para "la insumisión", según describió ayer la portavoz de Acai, la coordinadora de clínicas que practican esta intervención. No todas las comunidades ofrecen ese sobre --las de Murcia, Navarra y Galicia no lo hacen-- y, sin él, no es posible abortar, ni siquiera en un centro privado no financiado. Dicha información, elaborada por el Ministerio de Sanidad, se ha distribuido a las diferentes comunidades autónomas, que, a su vez, deben entregarla a las clínicas. El envoltorio consta de un código cifrado, que será la credencial de identificación de las usuarias en el centro sanitario al que acudan. También será ese el elemento que permitirá hacer los cómputos estadísticos sanitarios. "Si no dan los sobres, las mujeres no podrán abortar en ningún centro de España, ni pagándoselo", alertó la portavoz de Acai.