Empieza el aterrizaje en los juzgados. Un grupo de usuarios afectados por el paro ilegal del personal de tierra del aeropuerto de El Prat ya se ha puesto en manos de la justicia para intentar resarcir pérdidas económicas y perjuicios morales. La Asociación Española de Usuarios, Empresarios y Profesionales del Transporte Aéreo (Asetra), con la adhesión de 100 personas directamente afectadas, firma la querella contra los trabajadores presentada ayer en el juzgado de guardia de El Prat de Llobregat, la primera de estas características por los paros del aeropuerto.

Los querellantes incluyen en sus reclamaciones que se embarguen los bienes de los huelguistas para hacer frente a las futuras indemnizaciones. Fuentes judiciales explicaron que, si el juez decide admitirla a trámite, se acumularía a las diligencias abiertas de oficio por el Juzgado de Instrucción número 1 de El Prat por presuntos delitos contra la seguridad aérea y de detención ilegal.

Mientras, administraciones y diversas corporaciones han puesto a trabajar a sus servicios jurídicos para buscar la fórmula jurídica más idónea para pleitear, lo que hace presagiar un proceso intenso.

EMPRESAS PERJUDICADAS La Cámara de Comercio estudia actuar contra quienes resulten responsables del colapso aeroportuario y ofrece apoyo a las empresas perjudicadas para reclamar las compensaciones.

La Generalitat, que aún no ha tomado partido, ha encargado un informe a sus servicios jurídicos para determinar si se persona como acusación particular, popular o coadyuvante del Ministerio de Fomento, y el Ayuntamiento de Barcelona mira de reojo a la Generalitat y al Gobierno para elegir su opción.

Asetra, firmante de la primera querella, se creó, sin ánimo de lucro, hace cinco años. Su presidente, Ignasi Rubio, abogado y piloto, dice aglutinar a 8.000 asociados.

PENA DE PRISION Los querellantes, que se dirigen contra los trabajadores que "tomaron por la fuerza las pistas y áreas de rodadura del aeropuerto", no solo han recurrido al Código Penal --que recoge el delito de detención ilegal-- sino también a la Ley Penal y Procesal Aérea que esta ley establece penas de prisión menor para "empleados de aeropuertos que, en número suficiente para perturbar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones en actitud de protesta o desobediencia".