El espacio exterior no pertenece a nadie. Esto es al menos lo que la URSS, EEUU y el Reino Unido acordaron en el 1967 mediante la firma del llamado Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, base legal del derecho internacional que regula las reivindicaciones nacionales para planetas, satélites, asteroides, cometas y otros cuerpos. En el 2005 lo habían firmado 105 países. La explotación de los recursos por parte de empresas privadas quedó en un limbo.
El artículo VI del tratado se refiere a la responsabilidad internacional. Este afirma que «las actividades de las entidades no gubernamentales en el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, deberán ser autorizadas y fiscalizadas constantemente por el pertinente Estado Parte en el Tratado» y que estos «serán responsables internacionalmente de las actividades nacionales que realicen en el espacio ultraterrestre».
En noviembre del 2015, el Congreso de EEUU aprobó una controvertida ley que permite la explotación de asteroides y «otros recursos espaciales» tanto a las personas como a las empresas que dispongan de la tecnología necesaria para hacerlo. Entre otros aspectos, el último capítulo de la ley deja claro que quien sea capaz de recuperar los recursos tiene el derecho de «poseerlos, transportarlos y venderlos».
