Pese a que miembros del Gobierno se reunieron ayer con los dueños de Santa María de Garoña, el comité de empresa, sindicatos, el presidente de la Junta de Castilla y León y los portavoces de todos los partidos, prácticamente nadie se mostró comprensivo con la decisión del Ejecutivo de mantener abierta la central hasta el 2013. La empresa propietaria, Nuclenor, consideró este plazo fijado "arbitrario y carente de justificación", y anunció que llevará a cabo "cuantas acciones legales" sean oportunas para defender sus derechos.
Sin embargo, el Ejecutivo considera que su actuación es "jurídicamente impecable" y, por tanto, no contempla indemnizar a la empresa de ninguna manera, como explicó ayer el ministro de Industria, Miguel Sebastián.
