La comisión de investigación del Parlamento gallego sobre la crisis del Prestige parece cada vez más inútil. No sólo está vetada la comparecencia de ministros, sino que tampoco participará el delegado del Gobierno, Arsenio Fernández de Mesa, después de que el Ministerio de Administraciones Públicas haya rechazado que cualquier funcionario del Ejecutivo central, que ayer nombró a Rodolfo Martín Villa comisionado en la crisis, se explique en la Cámara autonómica al entender que el caso es competencia exclusiva de las autoridades de Madrid.
De este modo, ni siquiera se explicarán en Santiago los cargos del Ministerio de Fomento implicados en el caso, ni los pilotos de los helicópteros o cualquier otro personal dependiente del Gobierno central. Y, por si el velo no fuera bastante tupido, tampoco comparecerá el capitán del Prestige, Apostolos Mangouras, que iba a hablar el lunes.
CRISPACION
Un auto del juez de Corcubión, Javier Collazo Lugo, impide a Mangouras explicarse ante el Parlamento, aunque el propio marino quería hacerlo con el beneplácito de sus abogados. Según el magistrado, la investigación parlamentaria guarda demasiadas similitudes con la judicial, lo que en su opinión supone "una grave distorsión" del proceso.
La comisión inició ayer su labor con uno de los debates más crispados de la historia del Parlamento gallego. El presidente de la comisión, Xosé Manuel Barreiro (PP), quitó la palabra a varios diputados y cortó la sesión para calmar los ánimos.
La oposición no entendía para qué se ha constituido este organismo si ni siquiera va a cumplir el plan de trabajo aprobado por los propios miembros del PP. Ni testificarán los implicados ni se han aportado las pruebas pedidas. Tanto el Bloque Nacionalista Galego (BNG) como el Partido Socialista de Galicia anunciaron que llevarán a los tribunales la ausencia de Fernández de Mesa.
Los socialistas presentaron un escrito en el que solicitan que se inste a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia a que ejecute "las acciones penales procedentes por la presunta comisión de un delito de desobediencia" por parte del delegado del Gobierno. El BNG pidió al Parlamento gallego que elabore un informe para evaluar si existen "responsabilidades" en la negativa a comparecer.
Por otro lado, el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, descalificó ayer a la plataforma Nunca máis , protagonista de las marchas de protesta por el Prestige , alegando sus vínculos con el partido "radical" BNG.
