La Agencia Española de Protección de Datos consideró ayer que el hecho de que los agentes de la Guardia Civil citaran en sus propias casas a las mujeres que declararon como testigos en el caso de los supuestos abortos ilegales practicados en la clínica madrileña Isadora constituye "una mala práctica, infractora de la ley".
Según el director de la entidad, Artemi Rallo, la información sobre las interrupciones involuntarios de los embarazos está especialmente protegida por su carácter íntimo y no puede ser comunicada ni cedida a terceros, "sean familiares o no". Por ello, exigió un "acceso limitado" y "cautela extrema" a cualquier autoridad.
Según explicó, la Agencia Española de Protección de Datos abrió una investigación para esclarecer los hechos sobre los supuestos abortos ilegales tras conocer por la prensa que se encontraron en contenedores restos de fetos e historiales de las afectadas.
En las próximas semanas decidirá si archiva la causa o abre un expediente que puede conllevar multas de entre los 300.000 hasta los 600.000 euros, ya que divulgar estos datos es una infracción muy grave.
