El PSOE ha aceptado la posibilidad de incorporar a la nueva ley del aborto el principio de información a los padres en el caso de interrupciones voluntarias del embarazo de jóvenes de 16 o 17 años, tal como proponen algunas formaciones políticas. Por ahí pasa la principal vía con la que el Grupo Socialista y el Ministerio de Igualdad tratan de ampliar los apoyos a la nueva norma: así pretenden no solo conseguir el voto de los partidos de izquierda, partidarios de la reforma, sino también del PNV y de algunos diputados de CiU.

A la espera del redactado definitivo de la propuesta, que estará listo hoy o mañana, el texto incorporará el principio de información a los progenitores, pero, al mismo tiempo, las excepciones para evitar que esta comunicación se convierta en una suerte de consentimiento paterno obligatorio. Las excepciones tendrán que ver con casos de familias en las que la hija tenga una relación conflictiva con sus progenitores o cuando sea imposible localizar a los padres.

Este movimiento del Gobierno se basa en buena medida en los cambios que tanto el PNV como varios diputados de CiU han reclamado en relación al planteamiento inicial, que se limita a recoger el derecho de las jóvenes a decidir libremente si quieren abortar. El planteamiento ha generado el rechazo frontal no solo del PP y de los grupos contrarios al aborto, sino también la disconformidad, en privado, de algunas voces socialistas.

En la posición opuesta están situados los grupos a la izquierda del PSOE, que exigen que quede preservado que la menor no esté obligada a comunicar su decisión. De ahí que en las negociaciones, el PSOE y el Ejecutivo traten de contentar a todos.

La negociación también está avanzando para regular el derecho a la objeción de conciencia de los médicos que no quieran practicar un aborto, asegurando al mismo tiempo que en todos los centros sanitarios se practiquen estas intervenciones.