Los gritos de medio millón de personas que exigieron en Madrid responsabilidades políticas tras la crisis del Prestige han sido recogidos por los socialistas para retomar la iniciativa de crear una comisión de investigación en el Congreso. Así lo manifestó ayer el portavoz del grupo parlamentario, Jesús Caldera, que espera que toda la oposición secunde sus propuestas para esclarecer en el Parlamento lo ocurrido desde que el Gobierno tomó el mando de la situación con el barco accidentado.
Caldera cree que si el PP rechaza el requerimiento es porque la gestión de la catástrofe "apunta a graves responsabilidades" del Gobierno y afirma que la investigación se acabará haciendo por parte de la sociedad civil, la comunidad científica y el Parlamento "cuando haya una nueva mayoría política". Tendrán que dejarlo para entonces, porque ahora lo van a tener difí- cil. El secretario general de CiU, Josep Antoni Durán Lleida, ya adelantó que no va a apoyar la comisión. Durán dice que su formación participó en la marcha "en solidaridad con el pueblo gallego" y reiteró sus críticas a la gestión de la crisis, "que no podía haber sido peor".
CASCOS PREFIERE EL BOE
El Gobierno tampoco está por la labor de que le investiguen. Ni siquiera entiende lo que piden los miles de gallegos que se manifestaron el domingo. El secretario general del PP, Javier Arenas, asegura que "todo está explicado por activa y por pasiva en decenas de ocasiones en el Parlamento". Más contundente fue incluso su compañero Francisco Alvarez-Cascos, para quien las peticiones de dimisión le "reafirman siempre".
