La dimensión trágica que está adquiriendo la emigración ilegal ha obligado al rey de Marruecos a tomar cartas en el asunto. En una sesión de trabajo dedicada al problema, Mohamed VI planificó el pasado lunes, junto a los jefes de las principales fuerzas de seguridad, la primera estrategia a escala nacional que este país adopta para luchar contra el fenómeno. La principal decisión fue la orden de crear, dentro del Ministerio del Interior, una Dirección de la Migración y de la Vigilancia de Fronteras, destinada a coordinar la lucha contra las mafias que trafican con personas.

Con el propósito de demostrar la firmeza de la iniciativa y acallar las acusaciones de que facilita la emigración ilegal, Marruecos anunció ayer que su ministro del Interior, Mustafá Sahel, viajará a Bruselas el día 18 para presentar el plan ante la Unión Europea. Al día siguiente hará lo mismo en Madrid, en una visita que se ha hecho esperar porque el Gobierno español lleva desde abril insistiendo en que Rabat asuma la repatriación de menores marroquís y la devolución de inmigrantes subsaharianos que llegan a España desde Marruecos.

LA PRIORIDAD

Mohamed VI dijo que el tráfico de personas "es un atentado contra la dignidad humana" y exigió a su Gobierno que haga "una prioridad" de la lucha contra esa lacra. Para ello, trazó una estrategia basada en dos ejes. Por un lado, la próxima aprobación en el Parlamento de un proyecto de ley que penaliza el tráfico de inmigrantes, ya que ahora ninguna ley condena a las mafias.

La nueva ley establece penas muy graves para los traficantes. Si son detenidos por primera vez, se enfrentan a penas de entre seis meses y tres años de cárcel, y los reincidentes, a condenas de entre 10 y 15 años. Las penas serán mucho más duras si durante la travesía hay heridos o muertos. En el primer caso, de 15 a 20 años, y si algún miembro de la expedición fallece, el mafioso podrá ser castigado con cadena perpetua. Para los inmigrantes detenidos, las condenas van de uno a seis meses, y se establecen multas de entre 300 y 1.000 euros (entre 50.000 y 166.000 pesetas).

Además, la Dirección de Migraciones contará con una Brigada Nacional de Investigación, bien acogida por la policía española.