La cruzada contra Educación para la Ciudadanía por parte del PP, la Conferencia Episcopal Española y otros sectores conservadores se reaviva. ¿Motivo? En los próximos días casi 900.000 alumnos de secundaria de las comunidades gobernadas por el partido que lidera Mariano Rajoy deberán comenzar a estudiar esta materia, que ya estrenaron el año pasado 200.000 alumnos de siete comunidades, y que a partir de este curso se implanta en toda España. Los promotores del boicot aseguraron ayer que cuentan con 44.500 objeciones y 400 recursos ante los tribunales en un balance exultante, azuzado por el respaldo de la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, y el propio Rajoy.
El desafío a la ley está encabezada por los ejecutivos valenciano y madrileño, que proponen como alternativa a la asignatura trabajos educativos o tareas de voluntariado. En otras CCAA gobernadas por el PP simplemente se propugna la objección y el absentismo o se han eliminado contenidos mínimos como el rechazo a la homofobia.
La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, anunció ayer que recurrirá al Supremo el anuncio de Aguirre.
