La Fiscalía General del Estado ha puesto en marcha una red de fiscales en toda España para perseguir los crímenes de odio que se cometen en internet y a través de otros medios, como pintadas o conciertos en los que se incita a matar a personas por su color o sus creencias religiosas. El equipo está coordinado por la fiscala jefa Elvira Tejada, cuenta con 50 fiscales repartidos por toda España y empezó a operar el pasado mes de enero. Hasta el momento, las denuncias que han tramitado son escasas, pero confían en que vayan en aumento cuando las víctimas acudan a denunciar a los que les atacan por "ser diferentes", según Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Un buen ejemplo es la actuación de 11 entidades judías que han denunciado los comentarios antisemitas lanzados en Twitter tras la victoria del Maccabi de Tel-Aviv ante el Real Madrid.

Este grupo responde a la puesta en marcha de una directiva europea del 2012 que reconoce los derechos de las víctimas, incluidas las de crímenes de odio. En Europa existe una gran preocupación por la comisión de este tipo de delitos por la proliferación de grupos de extrema derecha. Por ejemplo, en Gran Bretaña se registraron 60.000 denuncias por este tipo de delitos en el 2013; en Alemania, 24.000, y en Suecia, 6.000, según los datos que maneja Ibarra.

POCAS DENUNCIAS En España, las cifras se rebajan a 1.172, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior el pasado abril. Sin embargo, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia eleva esta cifra hasta las 4.000. No obstante, muy pocas llegan a juicio y, si lo hacen, sus autores salen de rositas.

El primer problema es la imposibilidad de identificarlos. En el caso de las redes sociales, la justicia se encuentra con un muro: la negativa de las compañías a facilitar estos datos. Este obstáculo, no obstante, no es insalvable, ya que, en algunas ocasiones, los autores son localizados si, por ejemplo, enlazan su perfil falso de Twitter con Facebook y utilizan en esta red social su verdadera identidad. Por esta vía, la Guardia Civil pudo detener a un joven que aplaudió el asesinato de Isabel Carrasco.

Otro obstáculo es establecer cuándo un mensaje es delito y cuándo una simple opinión, por muy deleznable que sea. Por ejemplo, un tuit en el que se diga que a la política del PP asesinada en León está bien que la hayan matado no es delito. Otra cosa es que alguien asegure que a los políticos hay que pegarles tres tiros.

Ante estas dificultades, Ibarra advierte de la necesidad de poner coto a este fenómeno que crece por "la circulación masiva de internet".