El Ministerio de Sanidad pondrá en marcha a principios del 2005 un registro central que garantizará a todos los españoles el derecho a decidir, por encima de sus familiares y profesionales sanitarios, la asistencia que desean recibir cuando una enfermedad o accidente les impida expresar su voluntad. También avalará qué hacer con su cuerpo cuando fallezcan. La norma, que sólo admite la llamada eutanasia pasiva, será debatida con las autonomías el miércoles en el Consejo Interterritorial que se celebra en Santiago de Compostela.

Este documento, conocido oficialmente como instrucciones previas y entre la gente como testamento vital, es posible en Cataluña desde el 2001. Después se han sumado otras regiones como Andalucía, Aragón, Navarra y País Vasco. Pero apenas 7.000 ciudadanos han dado ese paso.

UN SEGURO Los médicos consideran que su uso es escaso y, sin embargo, muy útil. "Evitar la prolongación artificial de la vida suele ser el deseo más común. Pero, si no se deja por escrito, a veces los familiares y los médicos dudan. Renunciar a un tratamiento que se considera inútil es un derecho", advierte Andrés Vilacoba, asesor jurídico de la Asociación Nacional de Consumidores y Usuarios de la Salud (Asusalud), que viene instando a la creación del registro nacional. "El testamento vital es un seguro", recuerda Vilacoba.

El documento también permite dejar claro si uno rechaza donar sus órganos, ya que la ley española establece que todos las personas son donantes potenciales salvo que hayan dado instrucciones de lo contrario. "Normalmente se pide el consentimiento de la familia. Pero si una persona expresa en el testamento que es donante ningún pariente se opondrán a lo que es un deseo póstumo de un ser querido", asegura Fernando Lamata, secretario general del Ministerio de Sanidad.

"Con esta fórmula se ahorran todas las tensiones que muchas veces se plantean en los servicios de urgencia cuando la familia se cierra en banda y no acepta la donación. Será una medida muy positiva", sostiene Javier Giner, presidente de Asusalud y médico de cuidados intensivos en un hospital.

Lamata explica que el registro nacional recogerá todos los de las autonomías, con el objetivo de facilitar una consulta rápida y eficaz en casos en los que algún ciudadano sufre un accidente o una situación invalidante fuera de su comunidad. "El ministerio también se hará cargo de las solicitudes de los ciudadanos que viven en comunidades donde todavía no hay registro. Lógicamente con todas las garantías de confidencialidad", subraya Lamata. Además del propio interesado para hacer una modificación, al documento sólo tendrán acceso las autoridades sanitarias y los familiares.

Para la Asociación Derecho a Morir Dignamente (ADMD), defensora de la eutanasia activa (prohibida por la ley), lo importante es que los registros estén bien informatizados para que, por ejemplo, un médico de cualquier punto de España pueda tener acceso al testamento de una persona de otra zona del país que ha sufrido allí un traumatismo craneal o una demencia.