El representante en Alemania de Chapman Freeborn, la empresa contratista del Yak-42 que se estrelló en Trebisonda (Turquía) en 2003 con 62 militares españoles a bordo, no comparecerá mañana ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska al haber sido imposible notificarle la citación. Marlaska había citado al directivo de Chapman Freeborn, Russi Batliwala, a las 10:30 horas de mañana para tomarle declaración en la causa en la que investiga si hubo irregularidades en la contratación del avión siniestrado, aunque, según han informado fuentes jurídicas, el juzgado no ha podido notificarle la citación.

La intención, han subrayado las fuentes consultadas, era comunicarle dicha comparecencia cuando Batliwala acudiera al segundo juicio civil por el accidente del Yak-42, que comenzó a celebrarse el pasado lunes en Zaragoza, lo que resultó imposible ante su incomparecencia en la nueva vista oral contra Chapman Freeborn y otras dos compañías codemandadas. Tanto la contratista alemana, como la compañía aérea ucraniana Ukranian Mediterranean Airlines (UM Air) y su reaseguradora Busin Joint-Stock Insurance fueron condenadas a pagar una indemnización conjunta de unos 10 millones de euros, si bien la Audiencia Provincial de Zaragoza anuló las actuaciones contra Chapman Freeborn porque no fue citada correctamente para el juicio.

Aprovechando la previsible presencia de Batliwala en España para el nuevo juicio, los abogados de la Asociación de Familiares pidieron a Grande-Marlaska que volviera a citar al directivo de Chapman, a la que la agencia de la OTAN Namsa recurrió para que alquilara los aviones que se encargaban del transporte de tropas. Russi Batliwala se ha negado ya en dos ocasiones a comparecer ante Grande-Marlaska, alegando que no tuvo ninguna responsabilidad en la contratación del avión, pese a que el 31 de marzo de 2008 cinco directivos de Chapman Freeborn en España responsabilizaron de la misma a la filial alemana de la compañía.

La investigación penal sobre el accidente del Yak-42 se dividió en dos causas: una en la que se trata de averiguar si se cometieron irregularidades en la contratación del avión y otra en la que se depuraron las responsabilidades por la identificación errónea de los cadáveres de 30 de los militares españoles fallecidos en el siniestro. En esta última, la Audiencia Nacional condenó el pasado 19 de mayo a tres años de prisión al general Vicente Navarro y a 18 meses de cárcel al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez.