El Gobierno ha optado finalmente por aplicar una moratoria flexible a la libre circulación de trabajadores rumanos y búlgaros. Durante dos años no podrán trabajar libremente en España como lo hacen el resto de ciudadanos comunitarios, pero si durante el 2007 no se produce ninguna "alteración" en el mercado de trabajo, el veto "podría levantarse" el siguiente ejercicio. Así lo anunció ayer el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, tras reunirse en Bucarest con sus homólogos rumanos.
La decisión, que se oficializará en el Consejo de Ministros del próximo viernes, se ha tomado de común acuerdo con la patronal y los sindicatos. Hay que tener en cuenta que esta no afecta a la posibilidad de venir a España sino tan solo a la de trabajar legalmente.
Los casi 200.000 rumanos y 30.000 búlgaros sin papeles empadronados pasarán de la noche a la mañana a ser legales el próximo día 1 de enero, la fecha en que se hará efectiva la integración en la UE de sus países. Caldera adelantó, además, que si disponen de una oferta de trabajo, el Gobierno les otorgará el permiso necesario.
