El Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) ha confirmado la sanción de 10.517 euros (1,75 millones de pesetas) impuesta por la Consejería de Sanidad al Centro Médico Aragón, de Barcelona, por practicar una interrupción legal del embarazo sin la presencia de ningún especialista en obstetricia y ginecología y porque sus instalaciones y utillaje presentaban deficiencias, y carecía de una zona limpia de almacenaje.
La administración sanitaria efectuó en 1995 y 1996 dos inspecciones en el centro, autorizado para practicar abortos. La sentencia expone que la clínica únicamente disponía de un ginecólogo, pero que en bastantes ocasiones no acudía, por incompatibilidad horaria con su actividad de médico en la Seguridad Social.
