Las enfermeras de un centro de salud de Cerdanyola del Vallés (Barcelona), que atiende a 27.500 personas, quisieron saber cuántos de los fármacos que recetan los médicos del centro acaban en la basura. Contaron los envases que los ciudadanos dejaron durante un año en el contenedor de residuos del centro y descartaron los tubos, jarabes, colirios o pomadas que habían sido usados en parte, los que estaban abiertos. Reunieron 5.228 envases sin desprecintar. Su coste ascendió a 67.500 euros. Este centro de salud destina cada año más de cinco millones de euros al consumo de medicamentos.

Los receptores de esa farmacopea, la mayoría personas de edad avanzada que la recibieron sin coste alguno, no se beneficiaron por ese mal uso del sistema sanitario. Los médicos, posiblemente, emplearon el talonario de recetas como colofón de una visita excesivamente corta. El resultado del episodio, en absoluto exclusivo de este centro de salud, fue económicamente nefasto, exponente de una situación que, aprovechando el empuje de la crisis económica, se han propuesto resolver de inmediato los consejeros de Salud de las 17 autonomías y la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez.

En la reunión del Consejo Interterritorial de Salud del pasado jueves dichos responsables expresaron su deseo de salvar una red asistencial de calidad, cuyo futuro quedará cuestionado a medio plazo, dijeron, si no reorientan sus cimientos. La única condición que se han fijado es la de la unanimidad: o pactan medidas en ámbito estatal, o no habrá atajos unilaterales que salven al sistema. A ellos deberá unirse, además, la opinión de los médicos. Un grupo de consejeros quedó encargado de redactar la hoja de ruta en la que el mensaje "esfuerzo de todos" es el eje.

En ese "todos" se cita en primer lugar a los usuarios, que, indicaron, "deben entender que son corresponsables de su salud y tienen que implicarse en hacer buen uso de los servicios". Médicos y enfermeras reciben idéntico mensaje.

CONCIENCIA SOCIAL "No existe suficiente conciencia social de los retos y dificultades de la sanidad española", suscribieron todos los consejeros en un texto final. "La buena valoración de la sanidad pública ha contribuido a que no se perciba como un problema social --indican--. Esto, en una sociedad de consumo avanzada, ha dado lugar a una sobreutilización de los servicios, incluso para malestares menores". El objetivo es dar con el punto que permita ajustar la asistencia a sus límites, sin culpar a los ciudadanos de un eventual mal uso de la misma.

"Revisar la aportación de los usuarios" fue el siguiente mensaje aceptado. Esto podría traducirse, antes de que acabe el año, en el establecimiento de algún filtro económico que ayude a reajustar la afluencia algo desordenada de ciudadanos a los centros. Por ejemplo, a las urgencias de los hospitales. Antes, tendrán que fijar un circuito eficaz de asistencia rápida que se inicie en una adecuada red médica en los barrios. "Los ciudadanos no entenderán, ni aceptarán --explicó ayer Miquel Vilardell, presidente del Colegio de Médicos de Barcelona--, que se les proponga algún tipo de copago si antes no se ha mejorado la estructura sanitaria. Nadie va a urgencias por gusto". El documento también alude a la necesidad de que los médicos reflexionen sobre el uso excesivo de técnicas injustificadamente caras. "En ocasiones, éstas se deciden sin buscar alternativas más eficientes y menos costosas", indicaron.