Futuras selecciones embrionarias como la que permitió el pasado otoño el nacimiento en Sevilla de un niño cuyas células han curado a su hermano --el bebé medicamento--, intervención que fue asumida por la Junta de Andalucía, serán financiadas a partir de ahora con el fondo de cohesión interterritorial del Sistema Nacional de Salud, partida que proporcionan las comunidades autónomas y que gestiona el Ministerio de Sanidad. La medida, que aplicarán hospitales de referencia de varias capitales, intenta asegurar el acceso a la compleja intervención a enfermos de toda España, evitando una eventual denegación por su coste o por la ausencia de médicos experimentados en la técnica embrionaria.

En la actualidad, son 46 las familias españolas, en situación similar a la de los hermanos sevillanos, que ya han solicitado un diagnóstico genético preimplantacional que podría asegurar el nacimiento de un segundo hijo libre de la enfermedad hereditaria que afecta al primero y con una compatibilidad inmunitaria que evitaría el rechazo de la médula del recién nacido, que le sería transferida al niño enfermo.

Esos requisitos se consiguen generando en probeta embriones surgidos de óvulos y esperma de los padres y analizando su material genético para implantar en la mujer solo dos o tres de los que no hayan heredado la enfermedad que sufre su primer hijo, de la que ambos padres son portadores.

APROBADAS Y DENEGADAS Nueve de dichas familias ya han recibido autorización para intentar el proceso y 11 han sido denegados. El resto mantiene activa la tramitación. "El sistema sanitario público --que nutren los gobiernos de las comunidades-- se hace responsable de la financiación de las intervenciones necesarias", enfatizó ayer Soria. El Ministerio de Sanidad carece de competencias y fondos propios.

La técnica de diagnóstico genético preimplantacional se aplica en hospitales de Barcelona, Valencia, Sevilla y Madrid. El niño sevillano, que sufría una anemia incurable, ha sido el primer enfermo que logra librarse de su alteración en España. La medida anunciada ayer pretende dar coherencia a la oferta de esta opción quirúrgica, indicó Soria, de forma que ninguna comunidad deje de autorizar la intervención porque no dispone de equipos médicos propios capacitados para hacerla o por eludir el elevado coste del proceso.