L a ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, quiere «ajustar», es decir, aumentar, el copago farmacéutico para los jubilados que perciben rentas más altas, los incluidos en el tramo que va de los 18.000 a los 100.000 euros anuales. Montserrat también ha señalado que los parados de larga duración no deberán abonar una parte del coste de los medicamentos. Hasta ahora, el copago farmacéutico no se aplica a los desempleados que no perciben ningún subsidio.

Las modificaciones anunciadas afectarán a uno de cada cuatro pensionistas. Para los jubilados de renta inferior a los 18.000 euros, el 75% del total, la ministra apuesta por mantener el copago farmacéutico del 10% del coste de los envases consumidos, con un tope mensual de 8,25 euros.

El «ajuste» que quiere introducir Montserrat se dirigirá a los que cobran por diferentes conceptos entre 18.000 y 100.000 euros, una franja «muy amplia», a su juicio. Exactamente, se trata del 24,5% del total de pensionistas, que hasta ahora abonan el 10% del coste de los fármacos dispensados con un tope mensual de 18 euros. La responsable de Sanidad pretende escalonar ese tramo y fijar nuevos topes de forma progresiva. Estos máximos mensuales, como hasta ahora, tendrán en cuenta no solo la pensión pública percibida -que en ningún caso alcanza los 40.000 euros- sino la renta total anual del individuo.

El 0,5% de pensionistas que perciben más de 100.000 euros anuales de renta ya abonan el 60% del coste de sus fármacos, con un tope mensual de 60 euros. Montserrat no ha aludido a ellos. «Quien más tiene debería pagar más», ha insistido no obstante la ministra.

LOS EXENTOS / lHasta julio del 2012, momento en que el Gobierno del PP promulgó el decreto sobre el copago farmacéutico, los pensionistas españoles no pagaban nada por las recetas de fármacos consumidos, fuera cual fuera su renta total, siempre que hubieran sido recetados por un médico de familia adscrito a un centro de asistencia sanitaria.

De estos copagos siempre han quedado exentos, además de los parados que no perciben subsidio, quienes reciben pensiones no contributivas o una renta mínima de inserción. El copago sobre los medicamentos estuvo motivado en el objetivo de reducir el consumo de fármacos y, con ello, abaratar la factura farmacéutica que abonan las comunidades autónomas. En los primeros meses de su aplicación, el copago farmacéutico frenó el consumo pero la curva de dispensaciones públicas volvió lentamente a crecer. Un mes después de entrar en vigor, en Cataluña se expendieron el 15% menos de recetas públicas, la mayoría a consecuencia del temor al encarecimiento farmacéutico que se difundió entre las personas mayores.