El Ministerio de Sanidad propondrá en el Consejo Interterritorial que se celebrará el próximo lunes en Palma de Mallorca que las píldoras anticonceptivas de última generación --con menos efectos secundarios y que reducen el síndrome premenstrual-- así como el anillo vaginal y los parches hormonales sean cofinanciados e incluidos en el Sistema Nacional de Salud (SNS) como otros fármacos. Es decir, que el usuario solo pague el 40%. Además, el último borrador de la estrategia nacional de salud sexual y reproductiva, al que ha tenido acceso este diario y que será debatido en la reunión, deja la puerta abierta a la financiación total en algunos casos y para colectivos con escasos recursos al precisar que "se mejorará la accesibilidad universal".

La propuesta, que desarrolla la reciente ley del aborto, deja en manos del Gobierno y de las autonomías la concreción de los anticonceptivos y las marcas concretas a financiar, que se recogerían en un decreto. Según fuentes sanitarias, la estrategia, tras tres borradores, está "más que debatida y acordada", pero aun así puede originar el rechazo de las autonomías gobernadas por el PP, por razones morales y su elevado coste. El texto no aporta memoria económica, pero el diputado de IU Gaspar Llamazares calcula que la financiación de los anticonceptivos de última generación costará 100 millones de euros al año.

1,8 MILLONES DE USUARIAS Actualmente, la mayoría de los anticonceptivos orales modernos no tienen participación pública y las mujeres que los usan, en torno a 1,8 millones, han de pagarlos de su bolsillo. Según la Sociedad Española de Contracepción, la sanidad pública solo financia 6 de los más de 30 anticonceptivos a la venta en España. La mayoría de los sufragados se usan para tratar enfermedades androgenodependientes en mujeres como el acné pronunciado o la alopecia. Es el caso de la conocida píldora Diane.

La propuesta del Gobierno no hace referencia a la financiación de la píldora postcoital, también llamada "del día siguiente". Tampoco al preservativo, pese a que es un método usado por el 45,8% de la población (en el 2009 se vendieron 124 millones de unidades) y previene infecciones de transmisión sexual, puesto que no se considera un medicamento y ya hay políticas que fomentan su uso. De hecho, se reparte gratuitamente durante ciertas campañas.

PRACTICA CLINICA DEL ABORTO La estrategia recoge además dos aspectos polémicos que pueden suscitar el rechazo de los consejeros del PP. Por un lado, tal como exigía la ley del aborto, propone que todos los profesionales sanitarios estudien la práctica clínica del aborto. Por otro, que "se potencie", en el ámbito escolar, "la educación sexual en la infancia y adolescencia".