El fumador es un enfermo pero también debe ser responsable y cumplir las restricciones impuestas al tabaco. Con esta filosofía, el Ministerio de Sanidad prevé incluir sanciones para los fumadores que infrinjan la normativa, pero también para los propietarios de los centros de trabajo que la vulneren. El anteproyecto, que será enviado al Congreso de los Diputados la próxima semana, dispone que la multa al consumidor tenga consideración de infracción leve, con un mínimo de 30 euros.

La cuantía, similar a la establecida en la ley que entró en vigor en Italia el 10 de enero, podría llegar a los 300 euros (50.000 pesetas) cuando concurran agravantes como la presencia de embarazadas y niños.

El anteproyecto mantendrá las multas que ya habían quedado fijadas en el borrador, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 12 de noviembre, de entre 600 euros (100.000 pesetas) y 10.000 (1,66 millones de pesetas) para quienes permitan fumar en los centros o lugares en los que esté prohibido, y de hasta un millón de euros para quienes den tabaco a los menores.

COLABORACION MUNICIPAL Técnicos y juristas de Sanidad ultiman la fórmula para aplicar las sanciones a quienes enciendan un pitillo en lugar vetado por la ley. "Tiene un encaje difícil y nuevo, ya que requerirá la colaboración de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos y sus policías locales. Pero desgraciadamente ésta es la única fórmula para que algunos fumadores sean responsables", reconocen fuentes próximas a los elaboradores de la ley.

Sin embargo, los sindicatos CCCO y UGT, se han pronunciado en contra de las sanciones a los fumadores y la patronal CEOE, como era de esperar, a que las multas se extiendan a los empresarios o a los encargados de locales. "No pensamos que multando a los fumadores se arregle nada, ni que ésta sea una medida dirigida a facilitar el abandono de la dependencia", sostiene Joaquín Nieto, máximo responsable de salud laboral de CCOO.

En términos muy similares se pronuncia Almudena Fontecha, secretaria para la igualdad de la UGT. "Está demostrado que en el mundo del trabajo las prohibiciones no funcionan. Es algo bastante irreal, ya que el 90% son pequeñas y medianas empresas. ¿Quién me va a multar a mí? ¿El jefe a instancias de un chivato? No será jurídicamente viable", aventura Fontecha. La patronal CEOE rechaza rotundamente las sanciones a los encargados de los centros de trabajo.

ZONAS RESERVADAS Sindicatos y empresarios también plantan cara a la ley por la prohibición total de fumar en centros de trabajo cerrados. Los representantes de los agentes sociales reclaman que, al menos como paso intermedio, se reserven zonas para fumadores. "Sería lo mejor para respetar también los derechos de los fumadores y de ayudarles poco a poco a acabar son su dependencia. Al menos debería permitirse que esta posibilidad se decida en cada centro", reclama Joaquín Nieto.

"Debe ser una ley de prevención o de prohibición del hábito de fumar. En un país donde se sigue regalando tabaco en comuniones y bodas no se puede pasar del cero de prohibición al cien. Si no se concilian los derechos de fumadores y no fumadores se agravará el conflicto", cree la portavoz de UGT, Carmen Fontecha.

DIALOGO La responsable de Seguridad Social de la CEOE no es tan rotunda en la oposición al veto total al tabaco en las empresas porque considera que es un asunto que no ha sido sometido suficientemente al debate social entre Gobierno, sindicatos y empresarios. Pero Pilar Iglesias confía en que el Ejecutivo amplíe el diálogo y permita zonas para fumar.