Si el 97% de los abortos que se practican en Cataluña ocurren en clínicas privadas no es porque la mayoría de los médicos de la sanidad pública se nieguen a hacerlos objetando razones de conciencia, sino porque existe un "acuerdo, pacto o decisión política" entre la Administración sanitaria y los hospitales para que así sea. Ese secreto a voces, que corroboran las estadísticas de interrupciones de embarazo realizadas en los últimos 20 años en Cataluña y en el resto de España, fue descrito ayer por Lluis Cabré, jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Barcelona, y Mirentxu Corcoy, catedrática de Derecho Penal en la UB, en la presentación del documento sobre la objeción de conciencia en la sanidad que ha elaborado el Observatori de Bioètica i Dret de la UB.

El motivo de tal acuerdo, explicaron, obedece a la negativa de los centros públicos a suscribir el preceptivo informe psiquiátrico que certifica el supuesto daño psíquico que la gestación causa en la embarazada --y que justifica su interrupción--, uno de los tres supuestos previstos en la ley española que despenaliza el aborto, que es alegado en más del 95% de las intervenciones. Esos casos los asumen las clínicas privadas.

LIMITE DE LA LEGALIDAD Los hospitales públicos sí acceden a interrumpir los embarazos consecuencia de una violación o los que contienen un feto con graves malformaciones, los otros dos supuestos legales. También aceptan a las afectadas por alteraciones mentales ya diagnosticadas que deciden abortar.

"La ley española induce a que se adjudique a la salud psíquica de la madre más del 95% de los abortos que se realizan, aunque la mayoría de esas mujeres no tienen ningún problema psiquiátrico --dijo Corcoy--. Los hospitales no quieren entrar en ese tipo de dictámenes, que están en el límite de la legalidad".

Cuando un centro público atiende a una embarazada que expone su necesidad de abortar alegando razones personales, dirige a la mujer a una clínica privada acreditada, entidad que cobrará por la intervención aplicando las tarifas del mercado.

Esta peculiar situación, destacó Corcoy, hubiera quedado resuelta si en 1989, cuando se revisó la ley del aborto, se hubiera aprobado un cuarto supuesto --que rechazó el PSOE, en el Gobierno--, que proponía autorizar la intervención por razones socioeconómicas. "Ese amparo legal sería suficiente para que la sanidad pública asumiera la mayoría de los abortos", señaló.