Después de 16 años viviendo con un gatillo en la sien, tres lustros encerrado en el corredor de la muerte, Pablo Ibar espera su nueva oportunidad para demostrar su inocencia. Pero la espera se le está haciendo eterna. El aire acondicionado de la cárcel del condado de Broward (Florida) lleva cinco semanas estropeado. Y no tiene ventilador en la celda. Ni ventanas en el módulo. Vive atrapado en un uniforme de polyester. «Tienes que buscar formas de refrescarte, pero no tienes hielo ni puedes ir a la nevera a por agua fresca», dice su mujer, Tanya Quiñones. Sin una gota de aire, todo es más opresivo si cabe. «Está siendo muy difícil y te pasa factura porque te vuelves más agitado. A la prisión no le preocupa lo más mínimo. No han hecho nada para arreglar el aire».
Tanya habla diariamente por teléfono con su marido, hasta seis veces al día los fines de semana, un privilegio que no tenía cuando Pablo estaba en la Prisión Estatal de Florida esperando a que lo ejecutaran por un crimen del que siempre se ha declarado inocente. Ha dejado atrás el confinamiento solitario y el aura fúnebre del corredor, con los aullidos dementes de los presos que han perdido la cabeza y que tanta ansiedad le causaban, según ha contado en alguna entrevista.
Ahora comparte celda con otro preso, tiene más libertad para moverse y ha sido apadrinado por un mentor, lo que le permite mantenerse ocupado con un trabajo limpiando baños y celdas.
«Por la mañana hace ejercicio, lee el periódico, quizás mira la televisión un rato, y luego trabaja en su caso», dice su esposa, una enfermera de origen puertorriqueño que se ha mantenido a su lado desde que Ibar fuera arrestado en julio de 1994 por los asesinatos del dueño de la discoteca Casey’s Nickelodeon, Casimir Sucharski, y dos bailarinas que trabajaban en su establecimiento. «Pablo está muy involucrado en su caso. Pasa mucho tiempo en la biblioteca jurídica revisando documentos y eso le ha ayudado a mantenerse ocupado y preservar la cordura·», asegura su abogado, Benjamin Waxman. También lee la prensa con voracidad y sigue muy de cerca todo lo relacionado con la justicia penal en Estados Unidos. «Tiene mucha esperanza de que su caso se resolverá con éxito», añade Waxman.
PENA DE MUERTE / El caso dio un vuelco providencial el año pasado, cuando el Tribunal Supremo de Florida anuló su condena a muerte por los defectos de su defensa y las «débiles y escasas» pruebas que se utilizaron para incriminarle. Esencialmente, un vídeo granulado, de baja resolución y sin sonido, grabado por la cámara de seguridad que tenía Sucharski en su casa. El tribunal ordenó repetir el juicio y puso al sobrino del mítico boxeador guipuzcoano, José Manuel Ibar Urtain en prisión preventiva ya fuera del corredor.
Para ayudar a la familia a pagar los costes su defensa, la Asociación Contra la Pena de Muerte Pablo Ibar, con sede en el País Vasco, ha lanzado una campaña de donaciones con el objetivo de recaudar 1.3 millones de euros. Le va la vida en ello porque la fiscalía volverá a pedir la pena de muerte. Y sin buenos abogados, la justicia estadounidense es implacable. «La clave estará en convencer al jurado de las dudas que existen sobre las pruebas que el estado utilizará para alegar que es culpable», dice Waxman, uno de los cuatro letrados que trabajan en su caso.
El juicio todavía no ha comenzado, pero sí la fase preliminar. El jueves pasado se celebró la última vista. Waxman presentó una moción para invalidar el testimonio de Gary Foy, el vecino que dijo ver a los autores del crimen salir de la casa e identificó la foto de Ibar como el hombre que iba en el asiento del pasajero a pesar de tener los cristales tintados.
El testimonio de Foy es junto al vídeo el material que utilizó el detective Paul Manzella para incriminar a Ibar, hijo de un pelotari vasco inmigrado a Florida. Poco más hay porque ni las huellas dactilares ni la sangre ni el cabello encontrado en la escena del crimen corresponden al suyo. Pablo tiene además una coartada: pasó la noche de los asesinatos en casa de Quiñones, su mujer. Para colmo, a su amigo Seth Peñalver, a quien también se condenó a muerte como corresponsable y está en libertad desde 2012.
