Las bodas gays continúan su camino parlamentario mientras crece la polémica por la manifestación del próximo sábado en Madrid. Gracias a los votos del PP y CiU, el Senado aprobó ayer una enmienda para que los funcionarios puedan abstenerse a la hora de casar homosexuales alegando razones de conciencia.

Al mismo tiempo que se producía el debate en la Cámara alta, los militantes y simpatizantes homosexuales del PP despotricaron contra la dirección del partido por apoyar la convocatoria del sábado, organizada por el Foro Español de la Familia. Además, lanzaron una amenaza: si el PP sigue sin respaldar la ley, harán públicos los nombres de diputados, senadores y alcaldes conservadores gays y lesbianas.

Lo aprobado ayer en la Comisión de Justicia del Senado tiene que pasar todavía el visto bueno del pleno, donde la iniciativa también saldrá adelante, ya que el PP y CiU --132 senadores en total-- cuentan con una mayoría suficiente. Sin embargo, el texto regresará a finales de mes al Congreso, donde ambos partidos no tienen escaños suficientes.

La enmienda de PP y CiU contó con 13 votos a favor,

11 en contra (PSOE, Entesa Catalana del Progrés, CC y Grupo Mixto) y la abstención del PNV. El texto implica cambiar la ley del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo para que las autoridades y los funcionarios que no quieran oficiar bodas entre homosexuales puedan abstenerse alegando

"razones de conciencia" para no hacerlo. Asimismo, la enmienda insta a las autoridades a elaborar un "sistema de sustitución" para garantizar la boda.

El pasado abril, varios ediles del PP reiteraron su negativa a casar homosexuales. En aquella ocasión, los expertos judiciales recordaron que si un concejal recibe el mandato de oficiar una boda gay y se niega por razones de conciencia, incurriría en un delito de desobediencia.

Sin embargo, la enmienda del PP y CiU no habla de la objeción de conciencia como tal --regulada sólo para el aborto y el servicio militar-- sino de la "abstención en un proceso administrativo". En la actualidad, la ley permite a cualquier funcionario abstenerse de intervenir en un proceso por razones de parcialidad. La enmienda pretende ampliar las causas de la abstención a los problemas de conciencia.