El pleno del Senado, por unanimidad, pidió ayer al Gobierno que estudie la posibilidad de conceder a los inmigrantes indocumentados autorizaciones de residencia y de trabajo "de carácter extraordinario", hasta el momento en el que se pueda ejecutar su orden de expulsión del territorio nacional. La iniciativa surgió a partir de una moción de Entesa Catalana de Progrés, que puso de manifiesto ante el pleno el creciente problema de los que no pueden ser devueltos a sus países, la mayoría de origen subsahariano, y que tras pasar 40 días en un centro de internamiento quedan en libertad sin de documentación, lo que les impide trabajar legalmente.