La operación de repatriación con la que se pretende devolver a su país a 700 inmigrantes senegaleses llegados en las últimas semanas a Canarias ha empezado con mal pie. El Gobierno de Senegal comunicó ayer a las autoridades españoles que suspendía "temporalmente" las repatriaciones de sus ciudadanos.
Esta medida se anunció después de que el Gobierno de Dakar protestara ante la embajada española por las condiciones del traslado, el miércoles, del primer grupo de 99 inmigrantes. El secretario de Estado de Exteriores, Bernardino León, viajará hoy a la capital senegalesa para intentar deshacer el entuerto.
La polémica surgió con la llegada a Dakar del primer vuelo, el miércoles por la tarde, cuando los 99 repatriados se negaron a bajar del avión, indignados al descubrir que les habían trasladado de vuelta a su país. La Gendarmería tuvo que intervenir para desalojarles del avión.
El periódico senegalés Le Quotidien recogía ayer el testimonio de uno de ellos, Samba Ndao Dieng, quien acusaba de "traición" a su Gobierno: "Dos mujeres y tres hombres, que dijeron trabajar para el Gobierno senegalés, vinieron a vernos y nos aseguraron que nos ayudarían. Nos dijeron que íbamos a campamentos en Málaga y Madrid, donde pasaríamos 40 días antes de entrar en España".
PIDEN 1.200 EUROS Pero el destino no era la península, sino Senegal. "Ha sido Abdulaye Wade el presidente senegalés quien nos ha hecho repatriar", decía un inmigrante. Ahora reclaman a las autoridades que les devuelvan 1.220 euros que les costó subir a un cayuco.
En respuesta a estas quejas, el Gobierno senegalés acusó a España de lo sucedido. Ya el miércoles, tras hablar con los deportados en el aeropuerto, el ministro de Agricultura deploró las condiciones "inaceptables" en las que se había desarrollado la repatriación.
De madrugada, el ministro de Exteriores, Miguel Angel Moratinos, recibió una llamada de su homólogo senegalés. Según fuentes de Exteriores, la "larga" charla concluyó con la disposición de España a investigar el desarrollo de la operación.
