El aumento de la seguridad ciudadana es la demanda más inmediata que hacen en el Campo de Gibraltar para atajar el problema del narcotráfico. Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policías (SUP) estiman que haría falta un incremento de entre 500 y 600 efectivos para ofrecer un servicio normalizado a la población de la zona. Lamentan que en ocasiones los turnos se realizan con una o dos patrullas, a veces ninguna y tirando de patrullas de municipios cercanos, por lo que las dificultades para frenar a los delincuentes aumentan proporcionalmente al espacio a vigilar. Cuando murió atropellado un agente de policía local persiguiendo a un contrabandista, se desplegaron fuerzas especiales en la zona, pero solo durante tres meses. “Luego llegó lo de Cataluña y se trasladaron allí”, lamentan.
Desde la AUGC, José Encinas no quiere entrar en polémicas con el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, que ayer mismo presumía de la eficacia de la plantilla policial en la zona y la consideraba “adecuada”. Con ella, aseguró, se ha detenido a 518 personas e incautado 183 toneladas de hachís a lo largo de 2017. No le falta razón, ya que en Cádiz se producen el 70% de las incautaciones en la lucha contra el narcotráfico. Pero Encinas subraya que el problema es fundamentalmente que el catálogo de puestos de trabajo, y de medios, se corresponde con el de hace 15 años. Y la realidad actual es muy diferente. Como ejemplo pone que el radar incautado a los narcos hace unos meses para controlar a los agentes era mucho mejor que el dispositivo de vigilancia contra la inmigración irregular en el Estrecho, el famoso SIVE, “que era puntero, sí, hace tres lustros”.
Pero no solo la tecnología es mejor: los narcos disponen de lanchas y coches más rápidos. Y en los últimos años, también de armas de fuego más peligrosas, ante las que, explican los agentes en la zona, hay que hacer frente con una dotación insuficiente de chalecos antibalas. “Que además son iguales para todos, y lo mismo te queda corto o largo”. Sólo en 2017 intervinieron cinco rifles de asalto Kalashnikov. “Ya no hay solo bandas tradicionales, la llegada de la coca trajo también bandas del Este y sudamericanas”, justifica. Narcos más peligrosos, que tratan de evitar que les roben la mercancía o que se la intercepten, y no dudan en embestir a los coches patrulla a sabiendas de que saldrán mejor parados.
El narcotráfico ocupa el 70% del tiempo de los agentes, y la inmigración irregular el 30% restante, por lo que “la seguridad ciudadana queda dejada”. “¿Quién vigila para atender delitos menores, homicidios o casos de violencia de género?”, pregunta, de ahí la reclamación de un aumento de plantilla para adaptarlo a las necesidades del lugar y su consideración como zona de especial singularidad. Encinas pone el ejemplo del asalto al hospital, reprochando que a un narco con cierta peligrosidad lo escoltaran solo dos agentes en un sitio público repleto de gente.
La mudanza de Sito Miñanco
A punto de concluir su condena, un juez de Vigilancia Penitenciaria había prohibido al histórico narco José Prado Bugallo, Sito Miñanco, trabajar en su Galicia natal. En 2016 dijo renegar del narcotráfico y se trasladó a Algeciras (Cádiz) para poder disfrutar del tercer grado. Tenía un trabajo en un párking, que después se sabría estaba a nombre de su abogado de toda la vida, por lo que los agentes suponía que este era sólo el testaferro y el humilde encargado era en realidad el jefe.
Miñanco fue detenido y encarcelado el lunes en una macrooperación policial junto a otros 20 miembros de su banda reartidos por Madrid y Galicia. Había trasladado el negocio al Campo de Gibraltar, y según los investigadores planeaba hacerse con el control del tráfico de coca en nuestro país gracias a contactos en las fuerzas de seguridad.
