Los ministros de Sanidad y Justicia, Bernat Soria y Mariano Fernández Bermejo, respectivamente, arroparon ayer a las clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo y a las mujeres que han utilizado sus servicios, frente a la campaña de acoso que están viviendo por parte de grupos provida, de la derecha y de la Iglesia. El apoyo se traducirá en la práctica en velar para se cumpla la ley, acabar con la actual inseguridad jurídica y salvaguardar la intimidad de las mujeres y la confidencialidad de los expedientes clínicos. Sobre la reforma de la norma, remitieron a lo que en su día adopte el PSOE.

En una entrevista con representantes de ACAI, la asociación que aglutina las clínicas, los ministros deploraron los métodos empleados para citar a varias mujeres madrileñas a testificar en relación con la investigación de supuestas irregularidades. "Haré todo lo posible para garantizar el respeto a la legalidad vigente, pero en modo alguno puedo interferir en una actuación judicial", subrayó Fernández Bermejo.

Los representantes de los centros se mostraron confortados tras la entrevista con Soria y alabaron su compromiso de debatir en el próximo Consejo Interterritorial mecanismos que aumenten la seguridad de las mujeres y los profesionales. "Por primera vez un político nos da las gracias por nuestra labor", dijo Sergio Muñoz, de la clínica El Bosque.

MANIFIESTO Y CONCENTRACION Las clínicas anunciaron que respaldan la campaña puesta en marcha por varias organizaciones feministas que ha llevado a numerosas mujeres a autoinculparse de someterse a un aborto fuera de la ley. Según Marisa Castro, vocal de ACAI y directora de la clínica Isadora, esta actuación va a ser masiva y colapsará los juzgados. "Tendrán que estudiar si nos meten a todas a la cárcel", ironizó Castro.

Un total de 50 organizaciones de mujeres, de planificación familiar y sindicatos se sumaron ayer a un manifiesto de la Asamblea Feminista de Madrid que busca la modificación de la ley actual. Estas entidades han anunciado una concentración para el 23 de enero en la Puerta del Sol de Madrid que revivirá las movilizaciones de los 80.

CASO DE ISADORA La fiscalía pidió ayer al juez que investiga supuestos abortos ilegales en la clínica Isadora de Madrid que deje de citar a las mujeres que abortaron. Por el momento ya ha tomado declaración a 29. El ministerio exige que las citaciones se basen en sospechas concretas y que los interrogatorios se hagan en una sede judicial para garantizar la confidencialidad.