Encaje de bolillos. El pleno de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha consumido ya dos jornadas, en sesiones de mañana y tarde, sin alcanzar un acuerdo sobre la Educación para la Ciudadanía. La complejidad del debate que afecta a derechos fundamentales de los padres y del Estado, así como la dificultad de resolver esta cuestión por jueces de distintas tendencias ideológicas y principios morales divergentes, obligan a que las deliberaciones se reanuden hoy.

Los jueces son conscientes de la importancia de su sentencia, que resuelve cuatro recursos presentados por el Gobierno y la fiscalía contra sendas sentencias dictadas por los Tribunales de Justicia de Asturias y Andalucía. En Asturias se denegó a tres padres el derecho a la objeción de conciencia, que sí le fue reconocido a otro en Andalucía.

Fuentes jurídicas han explicado que los magistrados han intervenido en una primera ronda para intentar definir el alcance de la discusión. En principio, el pleno debería establecer si los padres pueden ejercer el derecho de objeción a la asignatura. Pero los jueces se inclinan por analizar el contenido para examinar, si como sostiene el tribunal andaluz, atenta contra la libertad ideológica y religiosa recogida en el artículo 16 de la Constitución y del el 27 que establece el derecho de los padres a educar a sus hijos.

Las fuentes consultadas no se atreven a aventurar el resultado. Sostienen que los jueces, en principio, se inclinan por negar a los padres el derecho. Sin embargo, las divergencias surgen sobre la legalidad de la materia. La discusión, que empezó el lunes, se prevé larga y compleja por su "importancia dogmática".