El ginecólogo Carlos Morin saltó a la fama en octubre del 2006 cuando se vio obligado a defenderse de las acusaciones de la televisión danesa que, en una investigación grabada con cámara oculta, le acusaba de practicar abortos fuera de la ley. Salió indemne del caso. Pero ayer Morin, su esposa, gestora de alguno de los centros sanitarios, y otros cuatro empleados más, tres de ellos médicos, abandonaron esposados los cuatro centros médicos de la zona alta de Barcelona que durante tres meses ha investigado pacientemente la Guardia Civil y la Guardia Urbana. No solo puede haber más detenciones. Los investigadores no descartan imputar a algunas de las mujeres que se han sometido a una interrupción del embarazo por ser conscientes de que participaban en un delito.
La ley española es muy poco restrictiva. Es de las más laxas de Europa. Bastan dos informes médicos sobre la salud psicológica de la madre para proceder a un aborto incluso más allá de las primeras 20 semanas, ya que no marca límite temporal de gestación "el aborto que intente evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada, casos que no serán punibles". Sin embargo, las clínicas Ginemedex, TBC, Emece y Fundación Morin, según los investigadores, ni siquiera se molestaban en quedarse dentro de tan amplias fronteras legales. Los informes psicológicos se falsificaban y se utilizaban ecografías de otras pacientes para disimular los avanzados estados de gestación. Semanas de pinchazos telefónicos, seguimientos y, sobre todo, la declaración de una exempleada de Morin, hoy testigo protegida, ha puesto al trasluz la trama.
En junio, esta exempleada acudió a la Guardia Urbana --tiene amistad con un mando de la policía municipal-- para denunciar las irregularidades que durante años había presenciado en las clínicas de Morin. La denuncia que en octubre del 2006 destapó la televisión danesa se saldó con una multa pero no interrumpió la práctica de abortos.
FALSIFICACIONES El testigo aportó listas y documentación que avalaban las falsificaciones, así como datos concretos en relación a la manera "irregular" con la que las clínicas de Morin se deshacían de los fetos. La Guardia Urbana pasó la investigación a los Mossos d´Esquadra y el caso cayó en manos de la juez titular del Juzgado número 33 de Barcelona, Elisabeth Castellón. Una magistrada que ya tramitada las diferentes denuncias y querellas que tras la emisión del reportaje se habían formalizado en varios juzgados. Entre las querellas está la que presentó el exconseller de la Generalitat Josep Miró i Ardèvol como presidente de la asociación e-Cristians.
En septiembre, la juez sacó de la investigación a los Mossos y pasó los tratos a la Guardia Civil, que colaboró con la Guardia Urbana. Durante estas semanas, los guardias civiles han hecho seguimientos, vigilancias y escuchas que han reunido indicios para que la juez autorizara las primeras seis detenciones. Los agentes irrumpieron por sorpresa en las cuatro clínicas pocos minutos antes de las nueve de la mañana. Había varias mujeres esperando para someterse a un aborto.
