Inmigrantes empleados en labores agrícolas en la comunidad murciana han exculpado a los propietarios de las empresas para las que trabajan de estar relacionados con los casos de chantaje sexual que aseguran vienen padeciendo varias operarias, principalmente ecuatorianas y marroquís.Así lo ha puesto de relieve el presidente de la asociación de ciudadanos argelinos en Murcia, Mustafá Chaalal, que ha asegurado que "los empresarios desconocen" el chantaje a que algunos de sus "capataces o encargados" someten a las mujeres extranjeras a las que éstos últimos "ofrecen trabajo a cambio de sexo".Chaalal ha explicado que los capataces, que han extorsionado a 26 trabajadoras, casi todas ecuatorianas o magrebís, son también inmigrantes bien de origen marroquí o ecuatoriano, "además de dos españoles" que "han amenazado dejar sin trabajo a las mujeres que no se prestan a sus deseos sexuales".Casos denunciadosEstos casos han sido denunciados públicamente por 23 mujeres marroquís y tres ecuatorianas que, según Chaalal, aseguran que han sido víctimas de ese tipo de chantajes por "varios" encargados de diversas empresas de las zonas del Campo de Cartagena, Mar Menor, Fuente Álamo y del municipio de Murcia, donde se sitúa la producción agrícola en ésta época del año."Los empresarios desconocen la situación que sus empleadas viven en el campo. Ellas no denuncian a los capataces por miedo a que ellos tomen represalias y se las expulse de España. Son mujeres que no tienen papeles y necesitan el dinero para mantener a sus hijos. Tratan de no ceder a las exigencias de los encargados, pero muchas veces han tenido que rendirse ante sus amenazas", ha explicado el mismo portavoz argelino.Además, según Chaalal, en ocasiones, cuando un primer encargado se "cansa" de la mujer que accede a sus peticiones "en su inmensa mayoría acuciada por la necesidad de dinero, y por tanto de trabajo", la "traspasa" a otro encargado.Investigación policialLa responsable del área de Inmigración de la Delegación del Gobierno en Murcia, Lola Jara, anunció ayer que las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado han comenzado a actuar de oficio sobre las zonas donde se han concentrado las denuncias, y ya se ha trasladado información a los ministerios de Trabajo e Interior.Los responsables de las federaciones agroalimentarias de UGT y CCOO, Jesús Cámara y Santiago Navarro, respectivamente, se han comprometido en trasladar a los empresarios los casos de que han tenido noticia para buscar su colaboración y encontrar soluciones.
