La larga duración de la regularización de inmigrantes anunciada el martes puede facilitar la falsificación de certificados y contratos por parte de las mafias. Por esta razón la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, recordó ayer que la solicitudes no deben ser presentadas por los inmigrantes sino por sus empresas, y advirtió de que éstas serán controladas para evitar fraudes.
"Que a nadie se le ocurra crear empresas fantasma, porque serán rechazadas", dejó claro la secretaria de Estado, que formuló una promesa y una petición a los extranjeros susceptibles de acogerse al proceso. Les garantizó que las repuestas a las solicitudes llegarán muy rápido, en un mes. Y les rogó que no acudan a las oficinas de extranjería hasta que no se abra el proceso hacia enero.
El Gobierno teme que sus centros de atención vean entorpecido su trabajo diario por un alud de extranjeros en busca de información o incluso intentando presentar ya la documentación.
Rumí recordó que el reglamento aún debe recibir el dictamen de cuatro organismos consultivos antes de llegar al Consejo de Ministros. Tras su aprobación, aún tardará un mes en entrar en vigor, en enero. Luego durará tres meses.
PP y CiU vaticinaron que un proceso tan largo puede conllevar también la llegada de un gran número de irregulares --el efecto llamada--, que luego engrosarían una nueva bolsa de trabajo sumergido.
Tanto la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega, como el ministro Jesús Caldera, descartaron que se vaya a producir esta llegada masiva con el argumento de que al poner el requisito de seis meses de estancia en España se impide que vengan nuevos extranjeros porque ya saben que no van a conseguir nada.
