La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido a los titulares de todas las carreteras que revisen los límites de velocidad de los tramos vigilados por radares fijos. El objetivo es garantizar "la corrección" de las señalizaciones cara a la próxima reforma del Código Penal, que a partir de otoño castigará con penas de entre tres y seis meses de cárcel y la retirada del carnet de entre uno y cuatro años para quienes superen en más de 80 kilómetros por hora la velocidad permitida en las vías interurbanas.

El director de la DGT, Pere Navarro, envió la semana pasada una carta a todos los consejeros de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes de las diferentes comunidades autónomas pidiéndoles que encargaran a sus técnicos la revisión. Y además les ha solicitado recibir, antes del 15 de octubre, un informe que detalle el por qué del límite de cada tramo y las correcciones, en caso de que hayan sido necesarias, para ajustar después las instrucciones de cada radar.

Los límites de velocidad los definen los titulares de cada vía atendiendo a parámetros técnicos internacionales y a las características del tramo señalizado. La velocidad permitida puede variar en función, por ejemplo, de la siniestralidad. En Cataluña, es raro el mes en que la División de Tráfico de los Mossos d´Esquadra no elabora y remite informes al Servei Català del Trànsit (SCT) y a los diferentes titulares de las vías pidiendo un cambio en el límite de velocidad de algún tramo.

MAYOR SEGURIDAD LEGAL El proyecto de modificación del Código Penal consensuado por todos los grupos parlamentarios del Congreso tiene una disposición adicional que ya prevé esta revisión de la señalización para adecuar los límites de velocidad "a las exigencias derivadas de una mayor seguridad vial".

Pere Navarro y su equipo son conscientes de que la puesta en marcha de la nueva norma provocará en sus primeros momentos sorpresa para muchos conductores, que no acabarán de creer que un exceso de velocidad sea castigado como un delito. Y eso que la reforma se ha explicado activamente. Como también esperan un aluvión de recursos que en algunos usarán el argumento de una mala señalización de la vía, la DGT quiere garantizar la seguridad jurídica de los conductores actualizando las limitaciones.