El calvario para los médicos empezó en marzo del 2005 cuando el entonces consejero de Sanidad del Partido Popular, Manuel Lamela, dio crédito a una denuncia anónima, destituyó a Luis Montes y ordenó investigar las muertes. Pero sus inspectores no hallaron relación entre las sedaciones de los pacientes terminales y sus fallecimientos.
Manuel Lamela decidió entonces crear una comisión, revisó otra vez las historias clínicas y encontró 73 "sedaciones irregulares". Un juzgado de Madrid archivó la denuncia el pasado junio, decisión que ahora adquiere firmeza en la Audiencia.
