Alarmado por la proliferación de drones, el 10 de julio del 2014 el Gobierno salió al paso del vacío normativo con un decreto que lo prohibía casi todo. Vuelos en cascos urbanos, en eventos, en aglomeraciones, de noche, cerca de los aeropuertos, todo quedó fuera de la normativa. «Fue un que nadie se mueva, antes de que se nos vaya de las manos», explica Javier Rubio del Pino, presidente de la primera Asociación Catalana de Empresarios y Propietarios de Drones (Acepdron).

La teoría es que tras ese frenazo en seco vendría la regulación definitiva que debía permitir el despegue del sector, pero tres años después el decreto sigue vigente. El resultado ha sido el estrangulamiento del sector. Muchas actividades profesionales, como la fotografía o la seguridad, siguen muy limitadas.

Tras ser nombrado, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se encontró sobre la mesa un borrador elaborado por el equipo de su antecesora, Ana Pastor. Al comprobar que ya estaba desfasado, ordenó empezar casi de cero y así ha pasado otro año más. El retraso en el reglamento que elabora la Unión Europea también ha influido.

El Gobierno dispone de un nuevo borrador que probablemente se convierta en decreto en octubre, según fuentes implicadas en su redacción. La clave del nuevo texto es que se abre el abanico de posibilidades y la responsabilidad recae sobre el usuario, que debe respetar una serie de normas, entre ellas obtener una licencia que otorgarían los ayuntamientos.