El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dejado en suspenso la prohibición de usar el burka en los edificios municipales de Lleida, decretada por el ayuntamiento el pasado mes de octubre. No es definitiva, es una suspensión cautelar mientras se resuelve el recurso contra el veto presentado por la asociación islámica Watani, minoritaria en Lleida.
Los seis magistrados del tribunal, con la oposición de la Fiscalía, argumentan la decisión de suspender el veto de forma cautelar en que, si al final los jueces dieran la razón a los recurrentes y anularan la prohibición del burka, los perjuicios causados a las mujeres a las que se les hubiera prohibido el acceso a locales municipales serían ya irreparables, según el abogado Carles Antolí, representante legal de Watani. En cambio, la suspensión cautelar, indica el auto del TSJC, no genera perjuicio alguno, ya que la legislación vigente ya prevé la obligación de los ciudadanos de identificarse a requerimiento de una autoridad o funcionario legitimado para ello, de manera que "ni la seguridad ni el orden público se ponen en peligro". La asociación islámica recurrió el veto al considerar que la prohibición vulnera los derechos fundamentales de las mujeres musulmanas porque supone una discriminación por razones religiosas.
ACUERDO DEL PLENO El ayuntamiento recurrirá contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. "Presentaremos recurso de reposición y todos los recursos que hagan falta para que se haga efectivo el acuerdo del pleno", anunció ayer la concejala de Seguridad Ciudadana, Sara Mestre. Tiene cinco días de plazo.
El Ayuntamiento de Lleida defiende el veto con dos argumentos: la seguridad ciudadana y la igualdad entre hombres y mujeres. Cuando habla la edil Sara Mestre gana peso la seguridad. Cuando lo hace el alcalde, el socialista Angel Ros, el acento recae sobre la igualdad: "Me siento orgulloso de que sea Lleida la primera ciudad de España que claramente regula un elemento discriminatorio hacia la mujer", dijo cuando la prohibición entró en vigor. La ordenanza cifra las multas para las infractoras entre 30 y 600 euros. Ros dijo confiar en que nadie hubiera de pagar, esperando que la advertencia fuera pedagógica.
Los musulmanes siempre han mantenido que era una norma innecesaria porque hay muy pocas mujeres que vistan velo integral. Durante el tiempo que el veto ha estado en vigor, ninguna se ha acercado a espacios municipales, según Mestres.
La prohibición fue aprobada con los votos del PSC, el PP y CiU; la abstención de ERC, y el voto en contra de ICV.
