Los 27 estados de la Unión Europea (UE) deberán castigar como delitos con penas de prisión "efectivas, proporcionales y disuasorias" la contaminación grave y los daños a la flora y fauna, según la nueva directiva de protección penal del medioambiente aprobada definitivamente ayer por el Parlamento Europeo.
La nueva legislación obligará a reforzar las leyes de cada país para evitar que las personas y empresas contaminantes aprovechen las actuales lagunas para escapar con meras multas administrativas tras llevar a cabo vertidos ilegales, eliminar residuos de forma ilegal o degradar espacios protegidos. La nueva legislación precisa que las empresas serán responsables penales de esos delitos cuando sean cometidos en su beneficio.
