El Consejo de Ministros de Transportes de la Unión Europea alcanzó ayer en Luxemburgo un acuerdo que despeja el camino para la aprobación de la directiva sobre sanciones disuasorias contra los vertidos contaminantes en el mar. Mejora así su arsenal de medidas para evitar y castigar tragedias como la provocada por el Prestige ante la costa gallega, y el del Erika frente a la francesa. El acuerdo final fue una solución de mínimos para evitar que la norma quedara bloqueada ante la oposición de dos grupos de países.

Por un lado están los que defienden los intereses de sus poderosas navieras y querían rebajar el alcance de las sanciones que se les podrían aplicar --Reino Unido, Grecia, Holanda, Dinamarca y Chipre--, y los que han sufrido las mareas negras del Prestige y del Erika y luchaban por lograr penas duras.