La Comisión Europea ha propuesto a los países miembros rebajar las medidas de control que se aplican al ganado vacuno desde que en el 2001 se declaró la epidemia de las vacas locas. La iniciativa está en fase de estudio, pero los científicos españoles la rechazan de plano y no porque coincida con la aparición el pasado viernes de la primera víctima mortal en nuestro país. Los expertos creen que habría que esperar un mínimo de 10 años para bajar la guardia.

La propuesta la lanzó públicamente el comisionado europeo de Salud y Protección al Consumidor, Markos Kyprianou, el pasado 15 de julio a través de un comunicado en el que afirmaba que la UE "ha dado grandes pasos en su batalla contra la encefalopatía espongiforme bovina" y que las medidas podrían relajarse. La nota, que pasó desapercibida para los medios de comunicación, recordaba los datos de la caída espectacular en el número de casos de vacas enfermas. Si en el 2002 se habían detectado 2.139 en los 15 países de la UE, en el 2004 la cifra bajó a 850 en el conjunto de la UE ampliada a 25 países.

EL SACRIFICIO DEL REBAÑO Una de las medidas que se propone dejar sin efecto es la que establece el sacrificio de todo el rebaño cuando una vaca da positivo. El comisionado cree que esto genera un enorme gasto innecesario porque el resto de controles ya evitan que una vaca enferma pase a la cadena alimentaria.

La otra medida propuesta es aumentar de 12 meses a 21 meses la edad mínima de la vaca sometida a las actuales restricciones. Un estudio de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria ya lo recomendó el pasado mes de enero a la vista de que en el 2004 sólo se detectaron en toda la UE cuatro casos en vacunos menores de 35 meses. Kyprianou destacó que la relajación de los controles permitiría concentrar los esfuerzos europeos en la amenaza de otras enfermedades, como la gripe aviar, y concluía su comunicado asegurando que cualquier cambio "no afectará de ninguna manera a los objetivos fundamentales de erradicación de la enfermedad".

Portavoces de los ministerios de Sanidad y Agricultura consultados por este diario explicaron ayer que "España tiene en vigor medidas más duras que las decretadas por la UE" y aseguraron que "las mantendrá todo el tiempo que sea necesario para garantizar la máxima seguridad alimentaria".

El científico que lleva el caso de la madrileña fallecida el 10 de julio, conoce la propuesta comunitaria y es radicalmente contrario. "He hablado con el doctor Badiola, el principal experto en España, y estamos de acuerdo en que es prontísimo para tomar medidas de este tipo", declaró ayer a este diario Alberto Rábano, director de investigación de la Fundación Hospital Alcorcón.

"Fue muy complicado y costoso conseguir que se asumiera la necesidad de implantar los controles y no podemos permitirnos el lujo de dar ninguna marcha atrás" añadió el investigador, que calcula que como mínimo hasta el 2015 no se podrán levantar algunos controles.