La Unión Europea (UE) tendrá un mecanismo para dirimir qué legislación nacional rige en los casos de herencias y sucesiones que impliquen a varios países comunitarios, según acordaron hoy los ministros comunitarios de Justicia e Interior.
El objetivo es afrontar el creciente número de sucesiones que afectan a posesiones en varios países comunitarios, motivado por la cada vez mayor movilidad de los ciudadanos europeos.
Cada año se producen en la UE 4,5 millones de sucesiones, de las que 450.000 tienen un elemento internacional, por un valor de 123.000 millones de euros, según cifras comunitarias.
El ministro español de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, señaló que cada vez hay más casos con potenciales conflictos acerca de qué legislación nacional es la competente: la del país donde está el bien o la de la última residencia del fallecido.
Los ministros estudiaron también la posibilidad de establecer un mecanismo de cooperación reforzada en el reconocimiento mutuo de las sentencias de divorcio.
El objetivo es que las parejas que se divorcien en un país de la UE puedan acogerse a la ley de otro país, a fin de facilitar este trámite en parejas de distinta nacionalidad o que viven en un país extranjero.
La UE necesitaba la unanimidad para aprobar esta medida, pero Suecia la bloqueó el año pasado, por lo que varios países solicitaron ya entonces lanzar ese procedimiento, totalmente novedoso en la Unión.
La cooperación reforzada supone que al menos ocho Estados miembros comienzan a aplicar las medidas entre sí y más tarde se estudia una posible extensión al resto de la Unión.
Francia se convirtió hoy en el décimo país que se adhiere a esta iniciativa, pero el comisario europeo de Justicia, el francés Jacques Barrot, dijo que aún no ha decidido presentar una propuesta ya que hay 10 u 11 países que se oponen a la idea.
"No parece que se cumplan las condiciones óptimas" para poner en marcha este procedimiento novedoso, señaló Barrot en una conferencia de prensa.
Fernández Bermejo atribuyó el que haya tantos países reticentes -aunque apoyan la cuestión de los divorcios- a que confían aún en que entre en vigor el Tratado de Lisboa, que elimina la unanimidad en las decisiones sobre justicia.
